La posibilidad de fiscalizar al actual Gobierno queda cerrada –a decir de la oposición- con la promulgación de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que el pasado martes fue aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional.
El eje de la polémica es la apertura para que los actuales titulares de los organismos de control sean reelectos. La duda para sectores como el Partido Social Cristiano (PSC) entra porque, dicen, esas mismas autoridades no han fiscalizado nada en los últimos dos años.
Enrique Herrería, asambleísta de esa tienda política, sostiene que el procurador, el contralor, los superintendentes… designados en el 2007 por la Asamblea Constituyente “han tenido una actitud subordinada a los intereses del Presidente de la República”.
Por eso teme que ese escenario se repita pese a que, en adelante, esos funcionarios tengan que ser elegidos a través de concursos o seleccionados por ternas a través del Cpccs.
Es que, dice, no hay garantías de que este ente del Quinto Poder vaya a ser independiente.
Reelección segura
El independiente César Montúfar está convencido de que las actuales autoridades de control serán reelegidas. Eso porque, advierte, al Régimen le resultará fácil lograr un Consejo de Participación vinculado a su accionar.
El argumento de su afirmación es que la forma de calificación de los méritos de los aspirantes al Cpccs, dentro del concurso que para ello debe efectuar el Consejo Nacional Electoral, da puntos extras a los ciudadanos provenientes de organizaciones sociales.
“Esos grupos son muy susceptibles de ser intervenidos por el Gobierno. Su activismo social, de forma directa o indirecta, los lleva a vincularse con el Gobierno”, evidencia el legislador, además de anotar que ese punto extra pone en desventaja a los ciudadanos.
Comisiones ciudadanas
La falta de transparencia en la nominación de las autoridades de control sujetas a concurso de oposición y méritos (ver cuadro) se denota, según el legislador Ramiro Terán (MPD), en que no hay parámetros claros para evaluar la probidad de quienes integrarán las comisiones ciudadanas de selección.
“La Ley dice que se calificará el liderazgo de esas personas. ¿Cómo se evalúa el liderazgo? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad de los postulantes?”, cuestiona Terán al dudar que pueda existir un proceso transparente.
El eje de la polémica es la apertura para que los actuales titulares de los organismos de control sean reelectos. La duda para sectores como el Partido Social Cristiano (PSC) entra porque, dicen, esas mismas autoridades no han fiscalizado nada en los últimos dos años.
Enrique Herrería, asambleísta de esa tienda política, sostiene que el procurador, el contralor, los superintendentes… designados en el 2007 por la Asamblea Constituyente “han tenido una actitud subordinada a los intereses del Presidente de la República”.
Por eso teme que ese escenario se repita pese a que, en adelante, esos funcionarios tengan que ser elegidos a través de concursos o seleccionados por ternas a través del Cpccs.
Es que, dice, no hay garantías de que este ente del Quinto Poder vaya a ser independiente.
Reelección segura
El independiente César Montúfar está convencido de que las actuales autoridades de control serán reelegidas. Eso porque, advierte, al Régimen le resultará fácil lograr un Consejo de Participación vinculado a su accionar.
El argumento de su afirmación es que la forma de calificación de los méritos de los aspirantes al Cpccs, dentro del concurso que para ello debe efectuar el Consejo Nacional Electoral, da puntos extras a los ciudadanos provenientes de organizaciones sociales.
“Esos grupos son muy susceptibles de ser intervenidos por el Gobierno. Su activismo social, de forma directa o indirecta, los lleva a vincularse con el Gobierno”, evidencia el legislador, además de anotar que ese punto extra pone en desventaja a los ciudadanos.
Comisiones ciudadanas
La falta de transparencia en la nominación de las autoridades de control sujetas a concurso de oposición y méritos (ver cuadro) se denota, según el legislador Ramiro Terán (MPD), en que no hay parámetros claros para evaluar la probidad de quienes integrarán las comisiones ciudadanas de selección.
“La Ley dice que se calificará el liderazgo de esas personas. ¿Cómo se evalúa el liderazgo? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad de los postulantes?”, cuestiona Terán al dudar que pueda existir un proceso transparente.
