El Directorio de la estatal Petroamazonas fue convocado ayer en el quinto piso del edificio Banco del Pacífico, en el norte de Quito.
La aplicación de un impuesto del 99% a las ganancias extraordinarias de las petroleras, generadas por el alto precio del crudo, fue motivo para que Perenco demande al Estado, alegando que afectó a la economía del contrato.
Las diferencias entre el Gobierno y la petrolera han desembocado en un control paulatino de las operaciones de los bloques 7 y 21 por parte del Estado, a través de su empresa Petroamazonas.
El ministro de Petróleos, Germánico Pinto, dijo que la reunión de ayer fue para “autorizar la contratación de los trabajadores que fueron despedidos por Perenco”.
La compañía tenía una nómina de 342 empleados y Petroamazonas los enroló por seis meses, a través de contratos temporales.
En la reunión también participó el presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo; el gerente de Petroamazonas, Wilson Pástor, y delegados de Petroproducción y del Ministerio de Finanzas.
Ayer también se formalizó la decisión que tomó Petroecuador un mes atrás, de que Petroamazonas asuma temporalmente las operaciones de los dos bloques. No hay plazo para la presencia del Estado en los campos de Perenco, pero esta durará mientras dure la emergencia, dijo Pinto.
Según Leonardo Sempértegui Vallejo, especialista en derecho energético, la terminación de los contratos con los trabajadores de Perenco suspendió, en la práctica, las operaciones de la petrolera.
“La petrolera, como responsable de la operación del campo, no puede, en ningún caso, paralizar las operaciones... Las petroleras están prohibidas de suspender las actividades de explotación”.
Según el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos, la suspensión por más de 30 días de las operaciones por parte de una petrolera privada es una causa de terminación anticipada de su contrato.
Ese plazo ya terminó, pero las autoridades aún no deciden iniciar la caducidad del contrato.
La aplicación de un impuesto del 99% a las ganancias extraordinarias de las petroleras, generadas por el alto precio del crudo, fue motivo para que Perenco demande al Estado, alegando que afectó a la economía del contrato.
Las diferencias entre el Gobierno y la petrolera han desembocado en un control paulatino de las operaciones de los bloques 7 y 21 por parte del Estado, a través de su empresa Petroamazonas.
El ministro de Petróleos, Germánico Pinto, dijo que la reunión de ayer fue para “autorizar la contratación de los trabajadores que fueron despedidos por Perenco”.
La compañía tenía una nómina de 342 empleados y Petroamazonas los enroló por seis meses, a través de contratos temporales.
En la reunión también participó el presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo; el gerente de Petroamazonas, Wilson Pástor, y delegados de Petroproducción y del Ministerio de Finanzas.
Ayer también se formalizó la decisión que tomó Petroecuador un mes atrás, de que Petroamazonas asuma temporalmente las operaciones de los dos bloques. No hay plazo para la presencia del Estado en los campos de Perenco, pero esta durará mientras dure la emergencia, dijo Pinto.
Según Leonardo Sempértegui Vallejo, especialista en derecho energético, la terminación de los contratos con los trabajadores de Perenco suspendió, en la práctica, las operaciones de la petrolera.
“La petrolera, como responsable de la operación del campo, no puede, en ningún caso, paralizar las operaciones... Las petroleras están prohibidas de suspender las actividades de explotación”.
Según el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos, la suspensión por más de 30 días de las operaciones por parte de una petrolera privada es una causa de terminación anticipada de su contrato.
Ese plazo ya terminó, pero las autoridades aún no deciden iniciar la caducidad del contrato.
