En total, diez preguntas serían las que enviará el Ejecutivo a la Corte Constitucional (CC), para que determine la metodología y la figura legal que tendría la anunciada consulta popular, informó Omar Simon, presidente del Consejo Nacional Electoral.El anuncio lo realizó tras conocer que el presidente de la República, Rafael Correa, y su equipo de asesores tenían la intención de enviar ayer el documento con las preguntas a la CC. Sin embargo se conoció que, desde las 09:00, las autoridades competentes se reunieron en el Palacio de Gobierno para trabajar en el texto.
Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no remitía el texto a la Corte Constitucional. Estaba previsto que el envío se realice tras ultimar detalles del documento con el ministro de Justicia, José Serrano, quien se reunió con el Primer Mandatario, a las 16:00, en el Palacio de Carondelet.
Los personeros de la CC aseguraron que estaban preparados para recibir el documento y comenzar el respectivo análisis y determinar si la consulta o referéndum iría por decreto ejecutivo o a través de un pedido de la Asamblea.
El punto de reestructuración del sector judicial es apoyado por el Fiscal y el Presidente del Consejo de la Judicatura
El presidente Correa, en varias intervenciones públicas y especialmente en la realizada en el enlace sabatino del sábado 8 de enero, adelantó en parte el contenido de la consulta. La propuesta incluye 10 puntos, entre ellos: definir caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares alternativas para ciertos delitos, creación de una comisión que asuma las funciones del Consejo de la Judicatura (CJ), pasar de 9 a 3 el número de vocales del CJ y que ellos se encarguen de evaluar a jueces, eliminar las comisiones ciudadanas, normar los amparos constitucionales, explotar el Yasuní si no hay corresponsabilidad, prohibir a banqueros tener acciones en negocios no financieros, prohibir a medios nacionales vincularse a negocios ajenos al sector de la comunicación, y comprar renuncias en el sector público para procesos de reestructuración.
Sin embargo, el tema que más conmoción causó es la reestructuración del Consejo de la Judicatura, para lo cual se contempla la conformación de una comisión tripartita integrada por delegados de la Asamblea, del Ejecutivo y del Poder Judicial, que entre otras cosas tenga atribuciones para reestructurar las cortes de justicia, crear más tribunales y reemplazar a los jueces con funciones prorrogadas.
El fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, apoyó la propuesta del Ejecutivo al plantear una reestructuración en el sector judicial, ya que “es una necesidad acuciante de la ciudadanía”, tras cuestionar los resultados de los últimos 12 años de trabajo del CJ.
Benjamín Cevallos, presidente del CJ, dijo estar de acuerdo con la reestructuración de la justicia, empezando con el organismo que preside, pero que debe ser “bien hecha, mediante referéndum”.
