Con una firme oposición de parte de la banca, en un plazo de quince días, los 670 afectados por delitos informáticos podrían recuperar el monto del perjuicio, que suman alrededor de $ 1 millón. La medida cuenta con el apoyo del presidente de la República, Rafael Correa.
La decisión fue anunciada ayer por el fiscal general, Washington Pesántez, tras la reunión accidentada que mantuvo con el presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino; el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, y los perjudicados.
Pese a la confrontación que existió entre Robalino y el grupo de perjudicados, el fiscal Pesántez anunció que integrará una comisión tripartita para que analice los 670 casos de perjuicio a los usuarios por delitos informáticos, para que, de ser el caso, disponga la devolución de los recursos retirados de las cuentas bancarias a través de internet.
La comisión, según el Fiscal, estará integrada por representantes de la banca, la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía, para determinar la “razonabilidad” de la devolución de los recursos, cuyo fraude podría ser atribuido a la negligencia de la banca.
La resolución de devolución, según Pesántez, será vinculante, obligatoria e inapelable.
“Si no se cumple con la resolución, yo le pediré al Superintendente de Bancos que, mediante medida cautelar, se retengan esos dineros para pagar a los perjudicados”, manifestó Pesántez.
No obstante, Robalino se negó a integrar dicha comisión y advirtió que si existe una resolución que no esté fundamentada en la Ley, presentarán las acciones legales que corresponda para evitar la devolución de dichos fondos.
Pedro Solines admitió este recurso debido a que la Ley les permite a los banqueros apelar en todas las instancias de control, hasta llegar a la Corte Constitucional (CC).
Según el Superintendente de Bancos y Seguros, “tengo una impugnación de un banco, patrocinada por uno de los mejores estudios jurídicos de Quito, por una orden que dio la Superintendencia para que devuelvan a un usuario $ 1.600”.
Por ello propuso que independientemente de que los bancos devuelvan el dinero y se tramiten sus reclamos, se trabaje en una reforma