El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) inicia oficialmente hoy el proceso de selección del nuevo Fiscal General, en medio de las críticas por su poca independencia al momento de elegir autoridades afines al gobierno de Rafael Correa.
Esta elección está en manos de una comisión ciudadana conformada por diez personas: cinco delegados de las cinco Funciones del Estado y cinco por la ciudadanía. Cada uno de ellos con un suplente.
Fernando Yávar, comisionado por la Función Judicial y quien es el director del Consejo de la Judicatura del Guayas y Galápagos, afirmó que no permitirá “presiones” de ningún sector para escoger a la primera autoridad del Ministerio Público, pues dijo que “está lejos” de mantener relación alguna con los partidos políticos o con el régimen actual.
“Nosotros aseguraremos que exista una total transparencia en este concurso. Hoy hay la oportunidad de que prime la participación ciudadana, aunque con la presencia de las delegaciones del Estado, pero con nuestro compromiso de independencia”, añadió.
Hasta el momento solo se conoce del interés del fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, para postularse a participar en este concurso, contó una fuente cercana de esta entidad.
Antonio Gagliardo ha estado analizando la posibilidad de postularse a Fiscal de la Nación, pero aún no se concreta esta intención”, informó la fuente.
Gagliardo es hermano de Gastón Gagliardo, asambleísta de Alianza PAIS (AP). Estos gemelos son hijos de Antonio Gagliardo Valarezo, ex ministro de Trabajo en este Gobierno.
Una colaboradora cercana a Gagliardo Valarezo integra esta comisión ciudadana.
Marianela Navas es delegada principal del Ejecutivo para llevar a cabo este trabajo que tomará al menos unos cuatro meses, según el cronograma.
Esta abogada es catedrática y actualmente es parte de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, según reseña su hoja de vida. Entre el 2007 y 2009 fue asesora del ex ministro Gagliardo en esa cartera de Estado. Y aunque evitó referirse a esta cercanía, enfatizó que su trabajo será independiente, “de hecho las sesiones son públicas por lo que pueden acercarse a observar el trabajo de la comisión”.
Este criterio lo comparte Janeth Bustos, vicepresidenta de la comisión. Esta esmeraldeña es delegada principal de la ciudadanía y asegura que esta característica los hace ‘independientes’ de cualquier poder estatal. “Estaremos pendientes de que este proceso no se cierre solo a la capital, sino que se difunda a nivel nacional con el objetivo de que todos los ecuatorianos tengan la posibilidad de participar”, dijo, y agregó que su trabajo será para “nombrar al mejor hombre o mujer en este cargo”.
Estas comisiones serán independientes en sus decisiones. No obstante, el pleno del Consejo de Participación se encargará de vigilar la transparencia del proceso de designación.
Y si bien esta elección no se verá obstaculizada por la propuesta de una consulta popular que plantea el presidente Rafael Correa, para reformar el sistema judicial, esta ya sufrió un primer tropiezo.
El pasado jueves, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) “no aprobó” la transmisión de una cadena nacional para convocar a la ciudadanía a participar del concurso de oposición y méritos para postularse a esta Función, reconoció la presidenta del CPC, Marcela Miranda.
Esto, para sus coidearios David Rosero y Andrea Rivera, resultó ser una intromisión en la independencia del organismo.
Sin embargo, el titular de la Secom, Fernando Alvarado, explicó que no hubo ninguna intención de suspender la cadena, al contrario, “solo se dio una mano” al CPC para mejorar el contenido del mensaje.
En ese marco, el viernes pasado este espacio de información se transmitió, pero fue pagado con recursos del propio Consejo, según informaron los consejeros.
Esta elección está en manos de una comisión ciudadana conformada por diez personas: cinco delegados de las cinco Funciones del Estado y cinco por la ciudadanía. Cada uno de ellos con un suplente.
Fernando Yávar, comisionado por la Función Judicial y quien es el director del Consejo de la Judicatura del Guayas y Galápagos, afirmó que no permitirá “presiones” de ningún sector para escoger a la primera autoridad del Ministerio Público, pues dijo que “está lejos” de mantener relación alguna con los partidos políticos o con el régimen actual.
“Nosotros aseguraremos que exista una total transparencia en este concurso. Hoy hay la oportunidad de que prime la participación ciudadana, aunque con la presencia de las delegaciones del Estado, pero con nuestro compromiso de independencia”, añadió.
Hasta el momento solo se conoce del interés del fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, para postularse a participar en este concurso, contó una fuente cercana de esta entidad.
Antonio Gagliardo ha estado analizando la posibilidad de postularse a Fiscal de la Nación, pero aún no se concreta esta intención”, informó la fuente.
Gagliardo es hermano de Gastón Gagliardo, asambleísta de Alianza PAIS (AP). Estos gemelos son hijos de Antonio Gagliardo Valarezo, ex ministro de Trabajo en este Gobierno.
Una colaboradora cercana a Gagliardo Valarezo integra esta comisión ciudadana.
Marianela Navas es delegada principal del Ejecutivo para llevar a cabo este trabajo que tomará al menos unos cuatro meses, según el cronograma.
Esta abogada es catedrática y actualmente es parte de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, según reseña su hoja de vida. Entre el 2007 y 2009 fue asesora del ex ministro Gagliardo en esa cartera de Estado. Y aunque evitó referirse a esta cercanía, enfatizó que su trabajo será independiente, “de hecho las sesiones son públicas por lo que pueden acercarse a observar el trabajo de la comisión”.
Este criterio lo comparte Janeth Bustos, vicepresidenta de la comisión. Esta esmeraldeña es delegada principal de la ciudadanía y asegura que esta característica los hace ‘independientes’ de cualquier poder estatal. “Estaremos pendientes de que este proceso no se cierre solo a la capital, sino que se difunda a nivel nacional con el objetivo de que todos los ecuatorianos tengan la posibilidad de participar”, dijo, y agregó que su trabajo será para “nombrar al mejor hombre o mujer en este cargo”.
Estas comisiones serán independientes en sus decisiones. No obstante, el pleno del Consejo de Participación se encargará de vigilar la transparencia del proceso de designación.
Y si bien esta elección no se verá obstaculizada por la propuesta de una consulta popular que plantea el presidente Rafael Correa, para reformar el sistema judicial, esta ya sufrió un primer tropiezo.
El pasado jueves, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) “no aprobó” la transmisión de una cadena nacional para convocar a la ciudadanía a participar del concurso de oposición y méritos para postularse a esta Función, reconoció la presidenta del CPC, Marcela Miranda.
Esto, para sus coidearios David Rosero y Andrea Rivera, resultó ser una intromisión en la independencia del organismo.
Sin embargo, el titular de la Secom, Fernando Alvarado, explicó que no hubo ninguna intención de suspender la cadena, al contrario, “solo se dio una mano” al CPC para mejorar el contenido del mensaje.
En ese marco, el viernes pasado este espacio de información se transmitió, pero fue pagado con recursos del propio Consejo, según informaron los consejeros.
