La jueza constitucional Nina Pacari Vega escuchó por nueve horas 29 criterios a favor y en contra de las cinco enmiendas constitucionales que forman parte del proyecto de referéndum que plantea el gobierno de Rafael Correa.
A las audiencias públicas que convocó la magistrada, el primero en llegar fue el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien estuvo atento a las intervenciones. Él fue, en cambio, el último en exponer.
Sin embargo, en cada receso señalaba que el Gobierno no modificará las preguntas ni replanteará su propuesta.
La primera exposición fue a las 09:00, a cargo de Luis Villacís, dirigente del MPD. Él explicó que las preguntas 1 y 2 sobre la ampliación de la caducidad preventiva y la sustitución de las medidas cautelares “violan” derechos humanos, mientras que las preguntas 4 y 5, sobre la reestructuración de la Función Judicial, deben declararse inconstitucionales.
El segundo en el turno fue Blasco Peñaherrera Solah, presidente del Comité Empresarial, quien llegó atrasado. Este solo pudo dejarle por escrito sus observaciones.
Minutos después, el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, llegó hasta la sala de audiencias. Decidió sentarse junto al banquillo de los exponentes. Recogía notas y no despegaba su atención de cada argumento.
Esto sucedía en el cuarto piso del edificio de la Corte Constitucional (CC), donde Pacari y otros cuatro jueces constitucionales escuchaban en silencio a cada ponente, a quien le recordaban que tenía quince minutos para hablar.
Betty Amores, ex asambleísta de Alianza PAIS, fue la cuarta de las ponentes. Ella llegó a las 09:45 acompañada de dos asesores e inició su exposición cuestionando la legalidad de las enmiendas 4 y 5, a las que tildó de inconstitucionales.
El defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, mostró también su preocupación por las enmiendas 1 y 2.
“La caducidad de la prisión preventiva garantiza un derecho, como lo es la libertad. Esta protección no es para delincuentes, es para ciudadanos que están gozando de la presunción de inocencia”, dijo.
Y agregó que las cinco preguntas son “inductivas” al voto, por lo que pidió que se las modifique en su redacción.
Y siguieron otras voces, como la de Marcos Martínez, ex asambleísta constituyente, quien consideró que en su conjunto las enmiendas alteran la institucionalidad del Estado, al imponer el poder del Ejecutivo en otras funciones del Estado.
A las 13:00, la jueza Pacari dio paso a un receso y luego de 30 minutos se reinstaló con la comparecencia de Nelson Erazo, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.
La expectativa era la ponencia de César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quien no acudió pero envió a dos de sus representantes, los cuales cuestionaron el contenido de la pregunta 3 porque “viola el artículo 308 de la Constitución, que busca la democratización del crédito y acceso a servicios financieros”.
En la mañana, Pacari recibió a 16 exponentes. Pasado el mediodía escuchó a 13.
Al final de la tarde, el secretario jurídico de la Presidencia tomó la palabra. Argumentó que la Constitución de Montecristi no establece diferencias entre enmienda y reforma constitucional, por lo que “la discusión sobre si las preguntas de la consulta propuesta por el Ejecutivo deben ir o no a la Asamblea no tiene sentido”.
Mera defendió la “legalidad y legitimidad” de la consulta y dijo estar “perplejo” por los argumentos de los expositores que le habían antecedido.
Así, sobre la primera pregunta dijo: “He escuchado que la pregunta viola normas internacionales, pero con esto estamos ratificando que en este país la prisión preventiva no debe ser eterna, que debe establecerse un plazo razonable”.
Sobre las preguntas 4 y 5, que establece la reestructuración del CJ con delegados de las funciones del Estado, Mera dijo que se no altera la estructura institucional. “No se afecta al Consejo de Participación Ciudadana, porque será este organismo el que elija a los delegados de las funciones”.
A las audiencias públicas que convocó la magistrada, el primero en llegar fue el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien estuvo atento a las intervenciones. Él fue, en cambio, el último en exponer.
Sin embargo, en cada receso señalaba que el Gobierno no modificará las preguntas ni replanteará su propuesta.
La primera exposición fue a las 09:00, a cargo de Luis Villacís, dirigente del MPD. Él explicó que las preguntas 1 y 2 sobre la ampliación de la caducidad preventiva y la sustitución de las medidas cautelares “violan” derechos humanos, mientras que las preguntas 4 y 5, sobre la reestructuración de la Función Judicial, deben declararse inconstitucionales.
El segundo en el turno fue Blasco Peñaherrera Solah, presidente del Comité Empresarial, quien llegó atrasado. Este solo pudo dejarle por escrito sus observaciones.
Minutos después, el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, llegó hasta la sala de audiencias. Decidió sentarse junto al banquillo de los exponentes. Recogía notas y no despegaba su atención de cada argumento.
Esto sucedía en el cuarto piso del edificio de la Corte Constitucional (CC), donde Pacari y otros cuatro jueces constitucionales escuchaban en silencio a cada ponente, a quien le recordaban que tenía quince minutos para hablar.
Betty Amores, ex asambleísta de Alianza PAIS, fue la cuarta de las ponentes. Ella llegó a las 09:45 acompañada de dos asesores e inició su exposición cuestionando la legalidad de las enmiendas 4 y 5, a las que tildó de inconstitucionales.
El defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, mostró también su preocupación por las enmiendas 1 y 2.
“La caducidad de la prisión preventiva garantiza un derecho, como lo es la libertad. Esta protección no es para delincuentes, es para ciudadanos que están gozando de la presunción de inocencia”, dijo.
Y agregó que las cinco preguntas son “inductivas” al voto, por lo que pidió que se las modifique en su redacción.
Y siguieron otras voces, como la de Marcos Martínez, ex asambleísta constituyente, quien consideró que en su conjunto las enmiendas alteran la institucionalidad del Estado, al imponer el poder del Ejecutivo en otras funciones del Estado.
A las 13:00, la jueza Pacari dio paso a un receso y luego de 30 minutos se reinstaló con la comparecencia de Nelson Erazo, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.
La expectativa era la ponencia de César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quien no acudió pero envió a dos de sus representantes, los cuales cuestionaron el contenido de la pregunta 3 porque “viola el artículo 308 de la Constitución, que busca la democratización del crédito y acceso a servicios financieros”.
En la mañana, Pacari recibió a 16 exponentes. Pasado el mediodía escuchó a 13.
Al final de la tarde, el secretario jurídico de la Presidencia tomó la palabra. Argumentó que la Constitución de Montecristi no establece diferencias entre enmienda y reforma constitucional, por lo que “la discusión sobre si las preguntas de la consulta propuesta por el Ejecutivo deben ir o no a la Asamblea no tiene sentido”.
Mera defendió la “legalidad y legitimidad” de la consulta y dijo estar “perplejo” por los argumentos de los expositores que le habían antecedido.
Así, sobre la primera pregunta dijo: “He escuchado que la pregunta viola normas internacionales, pero con esto estamos ratificando que en este país la prisión preventiva no debe ser eterna, que debe establecerse un plazo razonable”.
Sobre las preguntas 4 y 5, que establece la reestructuración del CJ con delegados de las funciones del Estado, Mera dijo que se no altera la estructura institucional. “No se afecta al Consejo de Participación Ciudadana, porque será este organismo el que elija a los delegados de las funciones”.
