QUITO. La propuesta de consulta popular del Ejecutivo plantea 42 reformas a 3 leyes: el Código de Procedimiento Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Notarial. Hay divergencia de criterios sobre si esto trastoca la labor de la
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El presidente Rafael Correa estaría desconociendo la facultad legislativa de la Asamblea Nacional, toda vez que plantea 42 reformas a 3 leyes: el Código de Procedimiento Penal (CPP), el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y la Ley Notarial.
Así lo consideró la presidenta de la Comisión legislativa de Justicia, María Paula Romo, quien fue parte de la dirección nacional de Alianza PAIS (AP).
En la propuesta del Mandatario, que contempla enmiendas constitucionales y reformas, las cinco preguntas referidas a la consulta popular como tal buscan reformar 42 normas legales: una del CPP, 40 del COFJ –relacionadas con el Consejo de la Judicatura (CJ)– y una de la Ley Notarial.
Según la Constitución, si la Asamblea niega la aprobación de una reforma legal al Ejecutivo, este puede plantear esa misma reforma en un año a través de una consulta al pueblo.
La asambleísta Romo no encontró justificación que permita declarar aprobados o derogados los artículos de una ley, luego de haber revisado las normativas, dijo.
Ello, considerando que las cinco preguntas de la consulta implican derogatorias o aprobación de normas legales que reemplazan a otras.
“Tengo una pregunta a la Corte Constitucional (CC): ¿a través de una consulta popular se pueden declarar aprobados artículos de una Ley? ...Porque los anexos insinúan eso”, dijo.
Para Romo, si el país decide aceptar la propuesta del Mandatario, a la Asamblea le tocará desarrollar las normas legales secundarias que sean consecuentes con esa decisión.
“Si el país decide que es delito el enriquecimiento ilícito de privados, a la Asamblea le tocará diseñar el tipo penal y el procedimiento a aplicar”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), señaló que si bien se pide el pronunciamiento de la población sobre temas que están confiados a diferentes entidades del Estado, estos alteran “el día a día del país”, pero al Legislativo “no le quitan nada”.
Ratificó que las comisiones legislativas pueden efectuar reformas, siempre y cuando no conlleven cambios constitucionales; por lo que descartó que la consulta desconozca la labor legislativa.
Señaló, por ejemplo, que el proyecto de Ley de Comunicación sí puede ser debatido mañana, pese al plebiscito.
Dentro del bloque, no obstante, la posible afectación a la labor de la Asamblea sí generó inquietud, por lo cual el tema fue debatido la semana pasada, y tras una reunión con el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la ministra de la Política, Doris Soliz, los legisladores resolvieron apoyar la consulta, pese a que la constitucionalidad de sus preguntas aún está en trámite en el CC.
El asambleísta Enrique Herrería, de Madera de Guerrero, afirmó que el desconocimiento a la labor legislativa es tal que la propuesta presidencial plantea reformar el Código Penal y el CPP en un plazo de seis meses, pese a que la Asamblea podría aprobar de forma inmediata varias leyes, cuyos proyectos están en la mesa de Justicia.
“Utiliza el anhelo de la gente de tener seguridad para apropiarse de la Justicia”, dijo.
Para el analista político Francisco Rocha, el órgano legislativo –con mayoría oficialista– sí puede analizar estos temas pero no lo hace por la estrategia del Jefe de Estado de fortalecerse en las urnas.
La semana pasada, el pleno no debatió las preguntas del plebiscito pues AP no apoyó este punto, pese al pedido de varias bancadas de oposición.
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El presidente Rafael Correa estaría desconociendo la facultad legislativa de la Asamblea Nacional, toda vez que plantea 42 reformas a 3 leyes: el Código de Procedimiento Penal (CPP), el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y la Ley Notarial.
Así lo consideró la presidenta de la Comisión legislativa de Justicia, María Paula Romo, quien fue parte de la dirección nacional de Alianza PAIS (AP).
En la propuesta del Mandatario, que contempla enmiendas constitucionales y reformas, las cinco preguntas referidas a la consulta popular como tal buscan reformar 42 normas legales: una del CPP, 40 del COFJ –relacionadas con el Consejo de la Judicatura (CJ)– y una de la Ley Notarial.
Según la Constitución, si la Asamblea niega la aprobación de una reforma legal al Ejecutivo, este puede plantear esa misma reforma en un año a través de una consulta al pueblo.
La asambleísta Romo no encontró justificación que permita declarar aprobados o derogados los artículos de una ley, luego de haber revisado las normativas, dijo.
Ello, considerando que las cinco preguntas de la consulta implican derogatorias o aprobación de normas legales que reemplazan a otras.
“Tengo una pregunta a la Corte Constitucional (CC): ¿a través de una consulta popular se pueden declarar aprobados artículos de una Ley? ...Porque los anexos insinúan eso”, dijo.
Para Romo, si el país decide aceptar la propuesta del Mandatario, a la Asamblea le tocará desarrollar las normas legales secundarias que sean consecuentes con esa decisión.
“Si el país decide que es delito el enriquecimiento ilícito de privados, a la Asamblea le tocará diseñar el tipo penal y el procedimiento a aplicar”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), señaló que si bien se pide el pronunciamiento de la población sobre temas que están confiados a diferentes entidades del Estado, estos alteran “el día a día del país”, pero al Legislativo “no le quitan nada”.
Ratificó que las comisiones legislativas pueden efectuar reformas, siempre y cuando no conlleven cambios constitucionales; por lo que descartó que la consulta desconozca la labor legislativa.
Señaló, por ejemplo, que el proyecto de Ley de Comunicación sí puede ser debatido mañana, pese al plebiscito.
Dentro del bloque, no obstante, la posible afectación a la labor de la Asamblea sí generó inquietud, por lo cual el tema fue debatido la semana pasada, y tras una reunión con el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la ministra de la Política, Doris Soliz, los legisladores resolvieron apoyar la consulta, pese a que la constitucionalidad de sus preguntas aún está en trámite en el CC.
El asambleísta Enrique Herrería, de Madera de Guerrero, afirmó que el desconocimiento a la labor legislativa es tal que la propuesta presidencial plantea reformar el Código Penal y el CPP en un plazo de seis meses, pese a que la Asamblea podría aprobar de forma inmediata varias leyes, cuyos proyectos están en la mesa de Justicia.
“Utiliza el anhelo de la gente de tener seguridad para apropiarse de la Justicia”, dijo.
Para el analista político Francisco Rocha, el órgano legislativo –con mayoría oficialista– sí puede analizar estos temas pero no lo hace por la estrategia del Jefe de Estado de fortalecerse en las urnas.
La semana pasada, el pleno no debatió las preguntas del plebiscito pues AP no apoyó este punto, pese al pedido de varias bancadas de oposición.
