Pregunta Nº 3. Limitar la actividad de los bancos y los medios de comunicación sería el “único sentido” que tendría la tercera pregunta de la consulta popular que el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional para su calificación.
Así opina el analista económico Pablo Lucio Paredes, quien en el 2008 apoyó la tesis de cortar los nexos entre ambas actividades, cuando fue parte de la Asamblea Constituyente por el movimiento Futuro Ya.
La pregunta dice: Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?
Paredes cree que el Gobierno, “en su afán de controlarlo todo”, quiere limitar el atractivo de participar en banca o en medios al restringir a los directores y accionistas de estos últimos de cualquier otro negocio.
Afirma que en su época de legislador el espíritu de la ley que ya se aplicó a los banqueros, para que no tengan participación en los medios, “era que eso también se aplicará al Gobierno, que es dueño de banco y de medios, pero no se hizo nada”.
Pero el régimen no tiene intención de deshacerse de esos bienes. Ayer el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Borja, confirmó que el Gobierno no tiene planes de vender el Banco del Pacífico. “Es un banco del Gobierno y no se va a vender”.
El régimen maneja 19 medios de comunicación, entre públicos e incautados, y además tiene bajo su administración algunas industrias que tenían conexión con la banca cerrada.
Para Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, el tema de los medios de comunicación merecía una pregunta separada. Agrega que hace falta aclarar por qué solo se hace referencia a aquellos de carácter nacional y no los regionales, “que de pronto pueden tener una posición monopólica en una provincia”, o a los extranjeros que tengan presencia en Ecuador, ya sea por sí mismos o por relación con otras empresas de comunicación.
Aclara que sí está de acuerdo con que se limite a los banqueros únicamente a su ámbito, aunque para eso, opina, “no sé si era indispensable hacer una consulta, porque bien se podía hacer a través de una ley”.
Paredes considera “absurdo” que el Gobierno sí pueda hacer lo que prohíbe al sector privado, es decir, tener participación en banca, medios e industrias. Acosta, en cambio, piensa que sería “imposible” pedirle al Estado que no tenga intervención en esas áreas.
Reacciones aún se analizan
Banca
El presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, dijo que están haciendo un análisis sobre la consulta para ver qué implicaciones tiene.
Televisión
Marcel Rivas, de la Asociación de Canales de Televisión, señaló que el organismo emitirá un pronunciamiento por escrito.
Así opina el analista económico Pablo Lucio Paredes, quien en el 2008 apoyó la tesis de cortar los nexos entre ambas actividades, cuando fue parte de la Asamblea Constituyente por el movimiento Futuro Ya.
La pregunta dice: Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?
Paredes cree que el Gobierno, “en su afán de controlarlo todo”, quiere limitar el atractivo de participar en banca o en medios al restringir a los directores y accionistas de estos últimos de cualquier otro negocio.
Afirma que en su época de legislador el espíritu de la ley que ya se aplicó a los banqueros, para que no tengan participación en los medios, “era que eso también se aplicará al Gobierno, que es dueño de banco y de medios, pero no se hizo nada”.
Pero el régimen no tiene intención de deshacerse de esos bienes. Ayer el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Borja, confirmó que el Gobierno no tiene planes de vender el Banco del Pacífico. “Es un banco del Gobierno y no se va a vender”.
El régimen maneja 19 medios de comunicación, entre públicos e incautados, y además tiene bajo su administración algunas industrias que tenían conexión con la banca cerrada.
Para Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, el tema de los medios de comunicación merecía una pregunta separada. Agrega que hace falta aclarar por qué solo se hace referencia a aquellos de carácter nacional y no los regionales, “que de pronto pueden tener una posición monopólica en una provincia”, o a los extranjeros que tengan presencia en Ecuador, ya sea por sí mismos o por relación con otras empresas de comunicación.
Aclara que sí está de acuerdo con que se limite a los banqueros únicamente a su ámbito, aunque para eso, opina, “no sé si era indispensable hacer una consulta, porque bien se podía hacer a través de una ley”.
Paredes considera “absurdo” que el Gobierno sí pueda hacer lo que prohíbe al sector privado, es decir, tener participación en banca, medios e industrias. Acosta, en cambio, piensa que sería “imposible” pedirle al Estado que no tenga intervención en esas áreas.
Reacciones aún se analizan
Banca
El presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, dijo que están haciendo un análisis sobre la consulta para ver qué implicaciones tiene.
Televisión
Marcel Rivas, de la Asociación de Canales de Televisión, señaló que el organismo emitirá un pronunciamiento por escrito.
