El presidente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Borja, volvió a pedir celeridad a la Función Judicial para que se pueda cobrar a las empresas deudoras de la banca cerrada.El funcionario explicó que al Banco Central se le ha asignado la tarea de cobrar estos fondos. En ese sentido, la entidad recibió hace apenas un mes la documentación necesaria para iniciar con el proceso.
Sin embargo, los abogados del BCE se han topado con juicios que llevan paralizados varios años en las cortes del país. Borja expuso el caso de tres compañías.
La primera empresa es el hotel Punta Carnero, que debe alrededor de 3,8 millones de dólares. La deuda está a nombre de José Ponce Luque y se contrajo con el Banco de Crédito.
Borja contó que en 2001 se inició el juicio de coactiva, el cual ha sido ganado ya en dos instancias. Luego la empresa interpuso una querella de excepción, la cual también fue ganada en dos instancias.
Por esa razón el funcionario pide a los jueces no aceptar ya más apelaciones para no dilatar el proceso.
El segundo caso es Ecuaprimicias, cuyo dueño es Vicente Arroba Ditto. Esta empresa es la concesionaria de Radio Sucre. Los edificios donde funciona esta emisora fueron embargados ayer por la Corporación Financiera Nacional (CFN). Borja aclaró que este es otro proceso que no está relacionado con las gestiones realizadas por el BCE.
El titular del Banco Central indicó que Arroba tiene dos deudas, una por 230.000 dólares y otra por 1,6 millones de dólares. La obligación se contrajo con el desaparecido Banco del Progreso.
Para evitar el cobro, Ecuaprimicias interpuso una demanda de caducidad de la deuda, pues han pasado más de diez años desde que se otorgó el crédito.
Borja aseguró que esta acción es improcedente, pues la ley establece que el tiempo que dure el trámite de un juicio no se contabiliza para el periodo de caducidad.
El tercer caso presentado por el funcionario fue del desaparecido Punta Blanca Yacht Club, cuyo representante legal es Luis Eduardo Gómez Bejarano.
Aquí el problema fue que la empresa cambió de razón social. Ahora se llama Mar Club S.A. Esta operación, según Borja, se hizo para licuar la deuda de la compañía que asciende a 4,7 millones de dólares.
El funcionario explicó que el BCE presentará a la Fiscalía la denuncia respectiva para que se investigue este caso y se hallen responsabilidades civiles y penales.
Las tres deudas suman alrededor de 10 millones de dólares, que servirán para devolver el dinero a 103.000 ecuatorianos perjudicados por la banca cerrada.
