Por el lapso de dos horas, la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, expuso ante el Pleno los argumentos de descargo frente a las cuatro acusaciones formuladas por el asambleísta Rolando Panchana, relacionadas con el incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y la Ley, en el proceso de recuperación del déficit patrimonial de los bancos cerrados.
En el Pleno, la ex funcionaria defendió su gestión en la Superintendencia de Bancos y reiteró que no ha dejado de cumplir las responsabilidades contempladas en el artículo 233 de la Constitución, así como las disposiciones de los artículos 127, 165 y 180 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con lo cual considera que ha cumplido con el país y con su conciencia.
“Nunca ha prevalecido ningún otro interés que el bien público. En mis funciones como Superintendenta de Bancos y Seguros he defendido los intereses del Estado, prueba de ello es el haber fijado la deuda de Filanbanco en 661 millones, más los intereses respectivos”, dijo, al preguntarse si acaso esta decisión será la causa para la persecución en su contra.
Indicó que hasta el 3 de enero del 2011, último día de su gestión, se notificó a 173 ex directores y ex funcionarios de bancos para que respondan por un monto de dos mil 243 millones de dólares, que es el cálculo del déficit patrimonial de los 24 bancos. Todo el proceso estuvo alineado con los grandes objetivos nacionales y la ética pública que inspiró, de manera fundamentalmente, al proyecto político, agregó.
En este marco, subrayó que seguirá siendo la guardiana de que no quede en la impunidad el atraco bancario, tomando en cuenta que el proceso liquidatorio de los bancos cerrados y de cobro a sus ex accionistas es irreversible y está en marcha.
“No he causado ningún perjuicio al Estado ni a la sociedad ecuatoriana. Lo que no puede seguir ocurriendo es que por acción u omisión, los viejos intereses y la vieja política destruyan el patrimonio que representa para el país tener servidores públicos honrados y patriotas. Todo mi trabajo como autoridad de control ha sido legislado por la Junta Bancaria”, precisó.
Añadió que no se puede hablar de omisiones en el ejercicio de su cargo cuando se ha llevado adelante un proceso de cobro, que no ha concluido; que parte desde la responsabilidad de determinar el hueco patrimonial, el establecimiento de las responsabilidades; y, solo resta la emisión de los correspondientes títulos de crédito, agregó.
Sabando García justificó la notificación masiva a los ex administradores de la banca cerrada, porque no podía hacer ningún tipo de selección, pues lamentablemente en ese proceso hubo notificaciones a personas que habían fallecido, pero la responsabilidad de la actualización de la información respecto de la condición de los ex accionistas y demás actores de los bancos en liquidación no le correspondía a esa entidad.
Reiteró que no fue posible la aplicación de lo previsto en el Art. 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, porque dichos mecanismos estuvieron ligados a lo preceptuado en el Art. 126 y no para cualquier otra acción dolosa en que hubieren incurrido los ex accionistas, administradores y funcionarios de los bancos cerrados, de conformidad con los dictámenes vinculantes del entonces procurador del Estado, Ramón Jiménez Carbo. Solo en 2009, con un nuevo pronunciamiento del Procurador se destrabó este proceso y se pudo adoptar la resolución 1427 por la cual se establece el mecanismo para la aplicación de lo previsto en los artículos 127 y 165 de la Ley de Instituciones Financieras.
Aseguró que durante el proceso de liquidación de los bancos se recaudaron 90 millones de dólares, tras sostener que en ningún momento se ha pretendido dejar en la impunidad este doloroso problema del sector financiero. “He sido quien tomó todos los riesgos para llevar adelante acciones concretas para precautelar los intereses del Estado. No he causado ningún perjuicio a la sociedad ecuatoriana”, remarcó.
El Juicio continua hoy a partir de las 9h30, con la apertura del debate en la que los diferentes sectores políticos expondrán sus puntos de vista frente de los argumento de sabando y Panchana. Cerrado el debate, se tomará votación.
En el Pleno, la ex funcionaria defendió su gestión en la Superintendencia de Bancos y reiteró que no ha dejado de cumplir las responsabilidades contempladas en el artículo 233 de la Constitución, así como las disposiciones de los artículos 127, 165 y 180 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con lo cual considera que ha cumplido con el país y con su conciencia.
“Nunca ha prevalecido ningún otro interés que el bien público. En mis funciones como Superintendenta de Bancos y Seguros he defendido los intereses del Estado, prueba de ello es el haber fijado la deuda de Filanbanco en 661 millones, más los intereses respectivos”, dijo, al preguntarse si acaso esta decisión será la causa para la persecución en su contra.
Indicó que hasta el 3 de enero del 2011, último día de su gestión, se notificó a 173 ex directores y ex funcionarios de bancos para que respondan por un monto de dos mil 243 millones de dólares, que es el cálculo del déficit patrimonial de los 24 bancos. Todo el proceso estuvo alineado con los grandes objetivos nacionales y la ética pública que inspiró, de manera fundamentalmente, al proyecto político, agregó.
En este marco, subrayó que seguirá siendo la guardiana de que no quede en la impunidad el atraco bancario, tomando en cuenta que el proceso liquidatorio de los bancos cerrados y de cobro a sus ex accionistas es irreversible y está en marcha.
“No he causado ningún perjuicio al Estado ni a la sociedad ecuatoriana. Lo que no puede seguir ocurriendo es que por acción u omisión, los viejos intereses y la vieja política destruyan el patrimonio que representa para el país tener servidores públicos honrados y patriotas. Todo mi trabajo como autoridad de control ha sido legislado por la Junta Bancaria”, precisó.
Añadió que no se puede hablar de omisiones en el ejercicio de su cargo cuando se ha llevado adelante un proceso de cobro, que no ha concluido; que parte desde la responsabilidad de determinar el hueco patrimonial, el establecimiento de las responsabilidades; y, solo resta la emisión de los correspondientes títulos de crédito, agregó.
Sabando García justificó la notificación masiva a los ex administradores de la banca cerrada, porque no podía hacer ningún tipo de selección, pues lamentablemente en ese proceso hubo notificaciones a personas que habían fallecido, pero la responsabilidad de la actualización de la información respecto de la condición de los ex accionistas y demás actores de los bancos en liquidación no le correspondía a esa entidad.
Reiteró que no fue posible la aplicación de lo previsto en el Art. 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, porque dichos mecanismos estuvieron ligados a lo preceptuado en el Art. 126 y no para cualquier otra acción dolosa en que hubieren incurrido los ex accionistas, administradores y funcionarios de los bancos cerrados, de conformidad con los dictámenes vinculantes del entonces procurador del Estado, Ramón Jiménez Carbo. Solo en 2009, con un nuevo pronunciamiento del Procurador se destrabó este proceso y se pudo adoptar la resolución 1427 por la cual se establece el mecanismo para la aplicación de lo previsto en los artículos 127 y 165 de la Ley de Instituciones Financieras.
Aseguró que durante el proceso de liquidación de los bancos se recaudaron 90 millones de dólares, tras sostener que en ningún momento se ha pretendido dejar en la impunidad este doloroso problema del sector financiero. “He sido quien tomó todos los riesgos para llevar adelante acciones concretas para precautelar los intereses del Estado. No he causado ningún perjuicio a la sociedad ecuatoriana”, remarcó.
El Juicio continua hoy a partir de las 9h30, con la apertura del debate en la que los diferentes sectores políticos expondrán sus puntos de vista frente de los argumento de sabando y Panchana. Cerrado el debate, se tomará votación.
