Gremios como la Junta Cívica, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión del Guayas (AER-G) y la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), aunque por separado, tienen su estrategia acerca del proceso.Miguel Palacios, titular de la Junta Cívica, explica que entre uno de los movimientos que realizará esa agrupación está la presentación de un recurso de Amparo Constitucional “para evitar la transgresión de los derechos ciudadanos que serían vulnerados a través de la consulta que ha propuesto el Gobierno Nacional”.
“Para nosotros no es una consulta popular sino un engaño popular porque el Presidente de la República no puede violar la Constitución poniendo agregados a las leyes que ya existen y no pueden ser modificadas”, destaca.
Otto Sonnenholzner, titular de AER-G, aclara que aunque el directorio del gremio se reunirá la semana entrante para resolver una posición del colectivo, la preocupación es general por las dos preguntas, una en la consulta y otra en el plebiscito, que afectan a los medios de comunicación.
“En cuanto al conflicto de interés que puedan tener los dueños de medios de comunicación y la actividad empresarial, ya existen normas para limitar aquello, no se puede limitar las actividades de emprendimiento de los comunicadores sencillamente por creer que puede haber conflicto de interés”, señala el directivo radial.
Eduardo Peña, presidente de la CCG, señala que esa institución si bien no hará una campaña activa por el Sí o el No en caso que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable al proceso, su postura es que la consulta y plebliscito violan la Carta Magna y por ende la libertad de las personas.
Destacó que no es aceptable que el Ejecutivo busque concentrar todos los poderes del Estado, pues ya existe un procedimiento para conformar el Consejo de la Judicatura y este debe ser respetado. “Habría una concentración de poderes bastante inusual”, advierte.
César Monge, expresidente de la Cámara de Acuacultura, aclara que nadie cuestiona la facultad que tiene el Gobierno de proceder con una consulta y ponerla a criterio de los ciudadanos. “Lo que criticamos muchos ciudadanos de distintas ideologías políticas es que en ese proceso se violente la constitución, la cual hayamos o no apoyado en las urnas, debemos respetar”.
La empresaria Joyce de Ginatta, sostiene que “esa consulta le cuesta al Estado 30 millones de dólares para violar la Constitución, para parchar una Carta Política que ya era mala y para eliminar la poca libertad de prensa que existe, por lo que la semana entrante convocará a un Comité Democrático.
