La Corte Constitucional (CC) designó hoy a Nina Pacari y a Roberto Brunis, como los jueces que calificarán las preguntas de consulta popular enviadas por el presidente de la República, Rafael Correa.
Pacari, dirigente de Pachakutik, será la encargada de analizar las interrogantes que pretenden modificar las normas sobre la caducidad de la prisión preventiva y la reestructuración de la Función Judicial.
De su lado, Brunis deberá presentar un informe sobre las preguntas del enriquecimiento ilícito privado, la prohibición de matanza de animales en espectáculos públicos y juegos de azar, sobre la regulación de la prensa, y la tipificación como un delito la no afiliación al IESS.
En una rueda de prensa posterior a la sesión, los magistrados dijeron que están abiertos a la recepción de comentarios de grupos de interés y del público en general sobre las preguntas, porque "esa ya es la dinámica que ha plasmado la Corte" en otras ocasiones, explicó Pacari.
Brunis dijo, por su parte, que Pacari y él elaborarán un informe sobre si las preguntas son procedentes, que presentarán al pleno de la Corte, que deberá aceptarlo o rechazarlo, pues es el órgano "que resuelve esta situación".
Los magistrados analizarán el procedimiento que se debe seguir para la aprobación de las preguntas, así como el propio texto, explicaron. La Corte cuenta con 45 días para concluir el proceso.
Las cinco preguntas que implican un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, y también la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito plantea, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios
Los dos jueces conocerán el próximo lunes el texto de las preguntas de consulta popular y referéndum, y el pronunciamineto de la CC se realizaría a mediados de febrero.
Mientras tanto, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, sostuvo que la CC tiene la potestad de cambiar las preguntas en caso de que resulten inductivas.
Esto, frente a los cuestionamientos expuestos por algunos sectores que señalan que las preguntas planteadas por el Ejecutivo para el referéndum estarían elaboradas de tal forma que inducen a una respuesta afirmativa.
"Tanto respetamos el Estado de Derecho que nos hemos auto impuesto una autorregulación para que sea otro organismo, más allá del Consejo Nacional Electoral establezca la calidad formal de las preguntas", señaló.
Pacari, dirigente de Pachakutik, será la encargada de analizar las interrogantes que pretenden modificar las normas sobre la caducidad de la prisión preventiva y la reestructuración de la Función Judicial.
De su lado, Brunis deberá presentar un informe sobre las preguntas del enriquecimiento ilícito privado, la prohibición de matanza de animales en espectáculos públicos y juegos de azar, sobre la regulación de la prensa, y la tipificación como un delito la no afiliación al IESS.
En una rueda de prensa posterior a la sesión, los magistrados dijeron que están abiertos a la recepción de comentarios de grupos de interés y del público en general sobre las preguntas, porque "esa ya es la dinámica que ha plasmado la Corte" en otras ocasiones, explicó Pacari.
Brunis dijo, por su parte, que Pacari y él elaborarán un informe sobre si las preguntas son procedentes, que presentarán al pleno de la Corte, que deberá aceptarlo o rechazarlo, pues es el órgano "que resuelve esta situación".
Los magistrados analizarán el procedimiento que se debe seguir para la aprobación de las preguntas, así como el propio texto, explicaron. La Corte cuenta con 45 días para concluir el proceso.
Las cinco preguntas que implican un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, y también la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito plantea, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios
Los dos jueces conocerán el próximo lunes el texto de las preguntas de consulta popular y referéndum, y el pronunciamineto de la CC se realizaría a mediados de febrero.
Mientras tanto, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, sostuvo que la CC tiene la potestad de cambiar las preguntas en caso de que resulten inductivas.
Esto, frente a los cuestionamientos expuestos por algunos sectores que señalan que las preguntas planteadas por el Ejecutivo para el referéndum estarían elaboradas de tal forma que inducen a una respuesta afirmativa.
"Tanto respetamos el Estado de Derecho que nos hemos auto impuesto una autorregulación para que sea otro organismo, más allá del Consejo Nacional Electoral establezca la calidad formal de las preguntas", señaló.
