La instrucción fiscal que se sigue en contra del ahora presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y otras autoridades de ese país, en la jurisdicción de Sucumbíos, por el bombardeo en Angostura, podría pasar a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador por el fuero que le ampara al Mandatario de Colombia y no se descarta la posibilidad de que el caso termine ventilándose en una corte penal internacional.
Del dicho al hecho
En teoría, la instrucción fiscal iniciada contra Santos debería quedar en suspenso hasta que termine su período presidencial, en virtud de la inmunidad que le ampara, dice el jurista Fernando Acosta Coloma, aunque cree también que el proceso podría continuar, porque los hechos ocurrieron antes de que sea Presidente, por tanto no tenía inmunidad.
Acosta explica que el Ecuador es suscriptor del Convenio de Inmunidades y Privilegios, en virtud del cual los agentes diplomáticos y presidentes extranjeros gozan de inmunidad diplomática en muchos campos y solo se limita en el campo laboral, porque hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que superan esa inmunidad.
Varios puntos
A criterio del jurista Acosta Coloma, lo que debería hacer el juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, es declararse incompetente para seguir en conocimiento de la causa y remitir el proceso a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia para que resuelva lo que corresponda, tomando en cuenta varias situaciones especiales que hay en este caso, especialmente lo de la inmunidad que ampara al Mandatario colombiano.
La ‘legítima defensa’
Fernando Acosta sostiene que otro aspecto que hay que tomar en cuenta en este caso, es que se está juzgado con las leyes del Ecuador, cuando en realidad lo que hubo en Angostura fue una agresión externa por parte de Colombia, país en el que se alega la tesis de la legítima defensa para perseguir el terrorismo, como lo hacen Estados Unidos e Israel, por tanto se viene un conflicto entre países para determinar cuál es el juez competente y en este caso sería la Corte Penal Internacional.
“Hay una alegación internacional de legítima defensa, que la esgrimen EE.UU., Colombia e Israel, por tanto debe ser un tribunal internacional el que deba resolver si la actuación de Colombia en Angostura fue o no legítima, porque pudo haber sido legítima pero no legal o viceversa”, agrega el jurista.
Juez y fiscal se contradicen
El juez Daniel Méndez y el fiscal Carlos Jiménez, que participan en el proceso judicial sobre el bombardeo colombiano en Angostura, no se ponen de acuerdo sobre el pedido de extradición del presidente Juan Manuel Santos.
Según Méndez, el fiscal no ha tramitado el pedido, “no lo ha solicitado, no ha existido la cuestión de la extradición, por lo cual no se ha dispuesto la misma”.
Sin embargo, Jiménez aseguró que, dentro del expediente judicial, se recoge el “acto administrativo” por el que “se le solicita al señor juez que disponga o sugiera al presidente de la Corte Nacional de Justicia que inicie el proceso de extradición” de Santos.
Del dicho al hecho
En teoría, la instrucción fiscal iniciada contra Santos debería quedar en suspenso hasta que termine su período presidencial, en virtud de la inmunidad que le ampara, dice el jurista Fernando Acosta Coloma, aunque cree también que el proceso podría continuar, porque los hechos ocurrieron antes de que sea Presidente, por tanto no tenía inmunidad.
Acosta explica que el Ecuador es suscriptor del Convenio de Inmunidades y Privilegios, en virtud del cual los agentes diplomáticos y presidentes extranjeros gozan de inmunidad diplomática en muchos campos y solo se limita en el campo laboral, porque hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que superan esa inmunidad.
Varios puntos
A criterio del jurista Acosta Coloma, lo que debería hacer el juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, es declararse incompetente para seguir en conocimiento de la causa y remitir el proceso a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia para que resuelva lo que corresponda, tomando en cuenta varias situaciones especiales que hay en este caso, especialmente lo de la inmunidad que ampara al Mandatario colombiano.
La ‘legítima defensa’
Fernando Acosta sostiene que otro aspecto que hay que tomar en cuenta en este caso, es que se está juzgado con las leyes del Ecuador, cuando en realidad lo que hubo en Angostura fue una agresión externa por parte de Colombia, país en el que se alega la tesis de la legítima defensa para perseguir el terrorismo, como lo hacen Estados Unidos e Israel, por tanto se viene un conflicto entre países para determinar cuál es el juez competente y en este caso sería la Corte Penal Internacional.
“Hay una alegación internacional de legítima defensa, que la esgrimen EE.UU., Colombia e Israel, por tanto debe ser un tribunal internacional el que deba resolver si la actuación de Colombia en Angostura fue o no legítima, porque pudo haber sido legítima pero no legal o viceversa”, agrega el jurista.
Juez y fiscal se contradicen
El juez Daniel Méndez y el fiscal Carlos Jiménez, que participan en el proceso judicial sobre el bombardeo colombiano en Angostura, no se ponen de acuerdo sobre el pedido de extradición del presidente Juan Manuel Santos.
Según Méndez, el fiscal no ha tramitado el pedido, “no lo ha solicitado, no ha existido la cuestión de la extradición, por lo cual no se ha dispuesto la misma”.
Sin embargo, Jiménez aseguró que, dentro del expediente judicial, se recoge el “acto administrativo” por el que “se le solicita al señor juez que disponga o sugiera al presidente de la Corte Nacional de Justicia que inicie el proceso de extradición” de Santos.
