miércoles, 18 de agosto de 2010

Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador

Después de un largo proceso de lucha las 779 juntas parroquiales rurales accederán a la totalidad del presupuesto aprobado en la proforma general del Estado.

Hace 8 meses, la Asamblea Nacional por iniciativa del gobierno nacional y asignó a las juntas parroquiales 106 millones de dólares pero no aprobó el mecanismo legal de distribución de dichos recursos.

Hoy el ministro de Finanzas, Patricio Rivera corrigió ese vacío con un acuerdo suscrito entre los presidentes provinciales de las juntas parroquiales del país que se plasmó en una resolución ministerial de ejecución inmediata.

Con esa resolución, el ministerio entregará los 76 millones de dólares que estaban represados. La distribución será retroactiva y mensualizada sobre la base de un mecanismo que toma en cuenta el número de habitantes, la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas de cada una de las parroquias.

Así, en este año, dependiendo de estos factores, las juntas parroquiales en promedio recibirán un mínimo de 71 mil 600 dólares y un máximo de 137 mil 800 dólares.

“El acuerdo suscrito con el Ministerio de Finanzas permitirá a las juntas parroquiales ejecutar sus responsabilidades constitucionales y solucionar en parte las necesidades de la población rural”, expresó Hugo Quiroz, presidente nacional de las juntas parroquiales.

Según la constitución, son responsabilidades de los gobiernos parroquiales: elaborar los planes de desarrollo; construir la infraestructura física; planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, entre otras obligaciones

Los 106 millones de dólares significan un incremento del 255 por ciento con relación al 2008, pues ese año se transfirieron alrededor de 30 millones de dólares. La vigencia de esta resolución terminará cuando la Asamblea Nacional y el gobierno aprueben la normativa legal correspondiente que en este caso es el Código Territorial.