Los presidentes de las federaciones de servidores judiciales de Pichincha y Guayas, Fidel Chiriboga y Lenin Pilalot, respectivamente, a nombre de este sector, presentaron un proyecto alternativo de Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, por el cual se busca mejorar la atención a la ciudadanía, dejar de lado las críticas al sector judicial y afianzar la carrera judicial.
La propuesta establece que: “en las áreas de servicio judicial que así lo requieran como Corte Nacional, Cortes Provinciales, habrá jueces y secretarios de sustanciación procesal, cuya operatividad será reglamentada por el Consejo de la Judicatura”.
Además proponen la plena vigencia de la carrera judicial donde se garantice la estabilidad, capacitación, profesionalización, la promoción y el ascenso de los judiciales ecuatorianos previa evaluación.
Para el efecto solicitan suprimir los ordinales uno y dos del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, y proponen que en su lugar se expida uno que diga: “Entiéndase por carrera judicial, el sistema mediante el cual se garantiza el derecho de los funcionarios judiciales para que vayan ascendiendo de categoría. A todos los funcionarios judiciales sin distinción alguna se reconoce la carrera judicial en la justicia ordinaria”.
En los cargos de menor jerarquía desde ayudante, auxiliar de servicio hasta secretario relatos de Corte Nacional, Corte Provincial, Tribunales y Juzgados, se realizarán concursos internos entre funcionarios judiciales con mejor calificación en la evaluación precedente.
Respecto de la vacancia Judicial proponen que los funcionarios judiciales gozarán de la vacancia judicial, dos veces por año, del 23 de diciembre al 6 de enero a nivel nacional; además en la región costa del 17 al 31 de marzo y en la región sierra del 1 al 15 de agosto. Se excluye de este sistema el área penal, de tránsito y de menores infractores en el área de la niñez y adolescencia.
Establecen la jornada única de trabajo, de ocho horas, acorde a otros segmentos de la administración pública.
Igualmente, sostienen que en el plazo de treinta días, el Consejo de la Judicatura, sobre la base de la información estadística existente, presentará un plan estructural de creación de Salas, Tribunales y Juzgados en las diversas materias a nivel nacional, a fin de optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en el Ecuador.
Finalmente, señalan que inmediatamente publicada la reforma se dispone la realización de una auditoría de gestión en relación a los nombramientos de jueces temporales, nombramientos provisionales y ocasionales designados durante el periodo de transición, con intervención de un delegado de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de los Funcionarios Judiciales del Ecuador.
Los judiciales argumentan que del proyecto que fuera enviado por el Ejecutivo relativo al proyecto de Ley Reformatorio del Código Penal, de Procedimiento Penal, Código Orgánico de la Función Judicial y Otros, se advierte que en relación a las reformas penales planteadas, las mismas resultan repetitivas y apuntan al endurecimiento de las penas como una forma de solución social a la criminalidad y violencia delictiva que azotan al país.
Además sostienen que en el anteproyecto del Gobierno , tal como ha venido ocurriendo en los últimos días, se pretende atribuir a los operadores judiciales la responsabilidad de las deficiencias del sistema de justicia penal especialmente, a sabiendas que esto sucede por las graves deficiencias del sistema de justicia, que impiden cumplir a cabalidad los principios establecidos en la Constitución y los términos que señala la Ley para el proceso penal hasta su sentencia, lo que ha sido establecido también en el informe y conclusiones del relator de las Naciones Unidas, que visitó el país hace pocos días y que no se ha considerado.
La propuesta establece que: “en las áreas de servicio judicial que así lo requieran como Corte Nacional, Cortes Provinciales, habrá jueces y secretarios de sustanciación procesal, cuya operatividad será reglamentada por el Consejo de la Judicatura”.
Además proponen la plena vigencia de la carrera judicial donde se garantice la estabilidad, capacitación, profesionalización, la promoción y el ascenso de los judiciales ecuatorianos previa evaluación.
Para el efecto solicitan suprimir los ordinales uno y dos del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, y proponen que en su lugar se expida uno que diga: “Entiéndase por carrera judicial, el sistema mediante el cual se garantiza el derecho de los funcionarios judiciales para que vayan ascendiendo de categoría. A todos los funcionarios judiciales sin distinción alguna se reconoce la carrera judicial en la justicia ordinaria”.
En los cargos de menor jerarquía desde ayudante, auxiliar de servicio hasta secretario relatos de Corte Nacional, Corte Provincial, Tribunales y Juzgados, se realizarán concursos internos entre funcionarios judiciales con mejor calificación en la evaluación precedente.
Respecto de la vacancia Judicial proponen que los funcionarios judiciales gozarán de la vacancia judicial, dos veces por año, del 23 de diciembre al 6 de enero a nivel nacional; además en la región costa del 17 al 31 de marzo y en la región sierra del 1 al 15 de agosto. Se excluye de este sistema el área penal, de tránsito y de menores infractores en el área de la niñez y adolescencia.
Establecen la jornada única de trabajo, de ocho horas, acorde a otros segmentos de la administración pública.
Igualmente, sostienen que en el plazo de treinta días, el Consejo de la Judicatura, sobre la base de la información estadística existente, presentará un plan estructural de creación de Salas, Tribunales y Juzgados en las diversas materias a nivel nacional, a fin de optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en el Ecuador.
Finalmente, señalan que inmediatamente publicada la reforma se dispone la realización de una auditoría de gestión en relación a los nombramientos de jueces temporales, nombramientos provisionales y ocasionales designados durante el periodo de transición, con intervención de un delegado de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de los Funcionarios Judiciales del Ecuador.
Los judiciales argumentan que del proyecto que fuera enviado por el Ejecutivo relativo al proyecto de Ley Reformatorio del Código Penal, de Procedimiento Penal, Código Orgánico de la Función Judicial y Otros, se advierte que en relación a las reformas penales planteadas, las mismas resultan repetitivas y apuntan al endurecimiento de las penas como una forma de solución social a la criminalidad y violencia delictiva que azotan al país.
Además sostienen que en el anteproyecto del Gobierno , tal como ha venido ocurriendo en los últimos días, se pretende atribuir a los operadores judiciales la responsabilidad de las deficiencias del sistema de justicia penal especialmente, a sabiendas que esto sucede por las graves deficiencias del sistema de justicia, que impiden cumplir a cabalidad los principios establecidos en la Constitución y los términos que señala la Ley para el proceso penal hasta su sentencia, lo que ha sido establecido también en el informe y conclusiones del relator de las Naciones Unidas, que visitó el país hace pocos días y que no se ha considerado.
