El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 116 solicitudes para revocar el mandato a autoridades de elección popular.Hasta el pasado viernes, el organismo tenía registrado ese número de pedidos y cerca de 90 tienen la vialidad para recolectar firmas, pues ya cuentan con los formularios.
El mayor número de pedidos proviene de Esmeradas, con 42. Le sigue Loja, con 19.
Guayas es la tercera provincia con más pedidos. En total son 12, entre los cuales hay solicitudes contra los alcaldes de Playas, Yaguachi, Durán, Naranjito y Santa Lucía. Para las tres últimas llegaron a la delegación los respectivos formularios, informó Carlos Cherres, director (e) del organismo.
La revocatoria de mandato es un derecho constitucional. Aunque no es nuevo, pues también constaba en la anterior Carta Magna, los requisitos son más flexibles. El solicitante debe presentar un mínimo del 10% de firmas de los inscritos en el registro electoral correspondiente. En el caso de Presidente, mínimo el 15%.
La Constitución aprobada en 1998 exigía un mínimo de 30% de firmas y el recurso no aplicaba para el Jefe de Estado.
Renato del Campo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Espíritu Santo, destaca que la figura es uno de los pilares de la democracia participativa que tiene la Carta Magna. Pero advierte que puede ser usada como “arma política”. Galo Cervantes, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, coincide con él y dice que habrá solicitudes “con razón y otras sin razón”.
Si un solicitante cumple con el número de firmas, entonces el CNE deberá convocar a un referendo o consulta popular.
El Estado, entonces, deberá asumir nuevos costos por un nuevo proceso electoral. Si el pedido de revocatoria contra el presidente Rafael Correa que impulsa Carlos Vera llega a concretarse, los gastos pueden superar los 30 millones de dólares, pues la consulta de septiembre de 2008 en que la población aprobó la Constitución costó $ 35 millones.
Y en el caso de un cantón o una provincia, significará $ 5 por cada habitante, estima Narciza Subía, ex vocal del extinto Tribunal Supremo Electoral. Según ella, solo en Guayaquil los gastos del referendo ascendieron a $ 8 millones. “Es un gasto absurdo... Es regalar la plata cuando puede ser utilizada para obras”, dijo.
