Actualmente (contrato de Participación) el país recibe el 65% del beneficio por la venta del petróleo extraído por las empresas privadas, pero con la nueva modalidad se pretende elevar ese porcentaje al 85% y 90%, según indicó el ministro.
Pese a que el cambio significará una pérdida de ingresos para las compañías, Pástor dijo que con la modificación de los contratos el Gobierno aspira a frenar la caída en picada de la inversión de estas empresas.
"Las empresas han recibido con beneplácito el borrador estándar del contrato, que es similar al que se utiliza a nivel internacional", indicó el funcionario. Añadió que también se "se modifican varios temas como el del arbitraje".
Así, de acuerdo con el documento las disputas relativas a la contratación petrolera ya no se dirimirán en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sino en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), con sede en Santiago de Chile, precisó.
Pástor espera que hasta este viernes las compañías privadas envíen por escrito las observaciones que tuvieren sobre el borrador del contrato, del que dijo que "no se cambiarán las partes fundamentales, sino solo detalles".
En total se renegociarán 33 de los 34 contratos vigentes en el país, pues el otorgado a la compañía Ivanhoe para el campo Pungarayacu es de Prestación de Servicios y tiene fijada una tarifa de $37 por barril.
Pástor indicó que las reuniones con las compañías para definir la tarifa comenzarán con Repsol- YPF y Sipec. Posteriormente, con Andes Petroleum, Petroriental y Canadá Grande; Agip y Petrobras en un tercer grupo; para continuar con un cuarto, de campos marginales y finalizar con los consorcios Petrolero Amazónico y Energético Gran Colombia.
"Con esto concluiremos las negociaciones de la tarifa durante el mes de octubre, para los campos grandes y el mes de diciembre para los otros, quedando un tiempo prudencial de algunas semanas para formalizar los contratos", indicó el ministro.
Las tarifas se fijarán de acuerdo con los niveles de la inversión, los costos de producción y el riesgo que asuman las empresas petroleras. El Gobierno pretende que las compañías acepten una rentabilidad de entre el 18% y el 22% para campos nuevos, y del 15% al 18% para los campos en producción.
El lunes 23 de agosto iniciarán las reuniones para negociar contratos de adhesión, para luego iniciar con las negociaciones de las tarifas, según lo establecido por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos.