Decisión. El titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, defendió el alza efectuada en cumplimiento a una resolución del Ministerio de Relaciones Laborales.
“Realmente no procedimos con justicia, fue un error de mi parte”, señaló ayer el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, al anunciar que el organismo dio marcha atrás en el ajuste salarial aprobado el 2 de junio para directores, vocales y jueces nacionales y provinciales.
Pero la decisión, aprobada ayer de forma unánime, es solo momentánea mientras se realiza un estudio de homologación para todos los servidores de la Función Judicial, anunció Cevallos.
El incremento se considerará nuevamente después de dos semanas, cuando estén listos los estudios para un alza conjunta, si es que existen los recursos necesarios.
Cevallos insistió que el ajuste de remuneraciones proviene de una resolución del Ministerio de Relaciones Laborales que en febrero de este año sustituyó los valores de la escala de remuneración mensual unificada “para los dignatarios, autoridades y funcionarios que ocupen puestos a tiempo completo, comprendidos en el nivel jerárquico superior”.
Por eso, el funcionario mostró su sorpresa porque “se ha hecho un escándalo internacional” por el cumplimiento de una disposición.
De ello culpó a los vocales de minoría: Ulpiano Salazar, Oswaldo Domínguez y Marco Tulio Cordero, a quienes acusó de “buscar padrinazgos fuera, yo jamás he acudido a ningún asambleísta en busca de protección”, refirió.
Y, al referirse a los cuestionamientos efectuados por la asambleísta María Paula Romo, opinó que “parece que en este caso no ha estado debidamente informada”.
A su criterio, el Consejo no funciona “porque tengo que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, mientras haya vocales conspiradores y síntomas de desestabilización”.
Asimismo, Domínguez y Salazar, tomaron a la reconsideración del ajuste salarial efectuada por el pleno como un triunfo, en vista de que la elevación debía ser considerada “para todos o para nadie”.
Reiteró que “el Estado no tiene dinero y la decisión del CJ fue inoportuna porque está totalmente desprestigiado con la actual administración”.
Pero, el ajuste salarial en la Función Judicial es uno de los temas que los actuales vocales quieren que se concrete antes que el Consejo de Participación los reemplace.
