La posibilidad de que los medios públicos, a pesar de recibir fondos del Estado, puedan financiarse con la venta de publicidad, como los medios privados y comunitarios, sería uno de los mecanismos que el Gobierno aplicaría para "quebrar a la prensa independiente".
Así lo advierten los legisladores de oposición Cynthia Viteri (MDG), Jimmy Pinoargote y Fausto Cobo (PSP). Este último califica incluso como "un atentado salvaje contra la democracia" al Proyecto de Ley de Comunicación que el oficialismo, sea a través de Betty Carrillo o del texto alternativo que elabora AP, intenta implementar en el país.
Es que el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, también es partidario de que, "en igualdad de condiciones", todos los medios se financien con publicidad. Pero aclaró que la ley deberá prohibir que lo pautado por el Estado se concentre solo en los medios públicos o privados".
Sobre la frecuencias, el proyecto borrador de Carrillo señala que la adjudicación para los medios públicos será de forma directa, mientras que para los privados será a través de concurso. La renovación de una concesión, en cambio, se daría solo si el medio no fue sancionado. Para Cobo, esto es "una forma directa de cerrar medios privados".
Sin embargo, ninguno de los textos del oficialismo se refieren a los medios incautados a los hermanos Isaías, en julio de 2008, y que ahora son administrados por el Estado. Por ello, la oposición exige que la nueva ley de comunicación establezca un plazo, entre 90 días y dos años, para que el Régimen los venda.
Para Cordero y Carrillo, la venta sería solo de la infraestructura mas no de la frecuencia, pues "si esos medios se subastan, serían los fierros... micrófonos, grabadoras, antenas, y el resto regresa al Estado. Sería una inconstitucionalidad subastar las frecuencias", indicó Cordero.
Carrillo sostuvo también que la ley no es retroactiva y que la administración de los medios incautados es ya un proceso en trámite pero la oposición aseguró que nunca debatió el tema al interior de la comisión.
En una entrevista a un medio peruano, el presidente Rafael Correa argumentó también que son los ex dueños de Filanbanco los que están atemorizando a los posibles compradores, pero que los medios ya están en venta.
Mientras, hoy empezará la aprobación del informe para segundo debate del Proyecto de Ley de Comunicación, cuyo plazo vence el viernes. Allí se prevé incluir la propuesta que trabajaron los asesores de Cordero, por AP.
Regulación a publicidad oficial
El asambleísta independiente César Montúfar insiste en la necesidad de regular la publicidad oficial y critica que, tanto el proyecto borrador presentado por Betty Carrillo como el que presentará hoy AP, no prohíban hacer proselitismo político a través de cadenas nacionales, el uso de los colores de partidos políticos y que sean transmitidas dentro de los noticieros. "Eso limita el derecho de la gente a informarse libremente y sin interferencia del Gobierno, pero por el contrario, esta ley sancionará a los medios que no pasen esas cadenas. Estamos frente a una situación inequitativa", advirtió.
Con él coinciden los legisladores de oposición Lourdes Tibán, Fausto Cobo y Cynthia Viteri, quienes consideran que ello va en contra del propósito que tenía crear una ley de comunicación.
Sin embargo, Carrillo asegura que la propuesta de Montúfar se analizó en la comisión, pero que no tuvo acogida por los legisladores de la mesa, y que incluso los representantes de la Contraloría y Procuraduría no apoyaron el planteamiento, explicó la oficialista.
Producción nacional, en 40%
El borrador presentado por Betty Carrillo plantea que los canales de televisión abierta destinen, progresivamente, al menos el 40% de su programación diaria a la producción nacional, en la cual no están incluidos noticieros, juegos, publicidad o servicios de televenta.
En las radios, el 50% de la música que se difunda también tendría que ser ecuatoriana. En caso de aprobarse este proyecto, los medios de comunicación tendrían cinco años para aplicarlo, y se establece que para el financiamiento de la producción nacional, los medios públicos aporten con el 10% de sus recursos excedentes.
Para la legisladora Lourdes Tibán (PK), el planteamiento es inaplicable. "En Cotopaxi tenemos un canal y queremos poner música nacional, pero no es suficiente y tenemos que recurrir a material de otros países", contó. Del mismo modo, le preocupa el financiamiento, pues asegura que los costos de producción de un largometraje son imposibles de cubrir para un medio local, mucho más si se trata de materiales para las comunidades indígenas.
