Como una ley de "régimen policial", calificaron ayer los legisladores de oposición al borrador final del Proyecto de Ley de Comunicación, elaborado por la oficialista Betty Carrillo, quien remitió el texto a los miembros de la Comisión de Comunicación, a las 3:36 de la madrugada de ayer.
Su contenido es en esencia similar al difundido hace una semana por el legislador independiente Jimmy Pinoargote, y fue cuestionado por la oposición y por asambleístas del oficialista Alianza País
En el texto se mantiene que haya dos delegados del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación, ente que otorgará los títulos habilitantes a los medios de comunicación, siempre que no hayan sido sancionados previamente.
César Montúfar, Fausto Cobo, Ernesto Borja (alterno de Cynthia Viteri) y Pinoargote, volvieron a encender "la alerta roja" frente al documento que consideran es "una ley mordaza".
"No se establece un Consejo de Comunicación sino una comisaría, que pretende que los comunicadores libres estén bajo amenaza. Eso viola, no solo el acuerdo político firmado en diciembre pasado, sino también la Constitución y los tratados internacionales", advirtió Montúfar.
Del mismo modo, Cobo advirtió que el borrador no dice nada sobre abusos de los medios públicos, tampoco se ha regulado las cadenas nacionales y la publicidad estatal y, en su lugar, pone en igualdad de condiciones la venta de publicidad para medios públicos, privados y comunitarios. " Esto significa una competencia desleal para estos últimos", manifestó.
Por su parte, Pinoargote insistió en que el proyecto es una ley de medios y no de comunicación, como manda la Constitución, y alertó sobre la restricción que tendrían los concesionarios de medios. "Aquel que tiene una radio en AM y que con esfuerzo sacó otra en FM no podrá tener las dos. De igual modo, si tiene una regional no podrá tener otra de cobertura nacional, eso coarta el crecimiento empresarial y por ende la libertad de expresión", enfatizó.
También advirtió sobre el riesgo de que los títulos habilitantes se otorguen solo para 10 años, aunque se establece que la renovación será automática por igual período, después de lo cual la frecuencia entrará nuevamente a concurso público. "Después de 20 años les quitan la frecuencia, pero la inversión y el gasto... Esa es una arbitrariedad, es un atentado a la libertad de expresión y de empresa", dijo Pinoargote.
En el proyecto borrador fue materia de análisis ayer por la bancada oficialista. La propuesta de Carrillo se someterá a votación en la comisión el próximo lunes, pero ni siquiera tendría los votos de sus colegas que integran la Comisión.
