La ley contra los monopolios
Los tecnócratas del gobierno están prisioneros de una infinita novelería y quieren hacer una "Ley contra los monopolios y a favor de la competencia". La idea (fomentar la competencia) es muy buena, la estrategia (una ley) es pésima.
Hay, básicamente, dos razones contra esa ley. La primera está relacionada con la capacidad institucional del Ecuador y la probabilidad de que una ley de ese estilo pueda funcionar en nuestro país. La segunda es la existencia de muchas leyes y normas que impiden la competencia y que deberían ser derogadas antes de andar aprobando nuevas.
En un mundo ideal, con una ley perfecta, es necesario crear una autoridad antimonopolios fuerte y con un amplio poder discrecional. Tiene que ser fuerte porque se va a enfrentar a empresas (nacionales y extranjeras) muy grandes y, posiblemente, muy poderosas. Tiene que tener un amplio poder discrecional porque los delitos contra la competencia son muy difíciles de tipificar, pues la creatividad empresarial para distorsionar la competencia es tan grande que resulta imposible definir cada una de las infracciones posibles. Es más, si se llegara a hacer una lista de las infracciones imaginables, en cuestión de horas, las empresas se inventarían nuevas.
Entonces, una autoridad antimonopolios debe ser fuerte y con un amplio poder discrecional. Una institución así, en nuestro desinstitucionalizado país, sería una amenaza porque con toda seguridad terminaría en abusos. Podrían ser abusos de unos tecnócratas antiempresariales contra cualquier empresa rentable, podrían ser abusos de un grupo económico contra otro si la institución llega a ser capturada.
La segunda razón es que primero deberían derogarse las leyes que impiden la competencia en el país. Empecemos por el SOAT, cuyo precio fue fijado por el gobierno y donde nunca hubo el más mínimo espacio para que las aseguradoras compitan. Luego vamos a las tasas de interés donde el gobierno fija techos que impiden la libre competencia entre los bancos. Luego vayamos a las restricciones a las importaciones, las salvaguardias y los altos aranceles que impiden que la competencia venga del exterior.
Las cuotas a las importaciones que se impuso el año pasado son el mejor ejemplo de una política que limita la competencia entre importadores. Está, por su parte, el monopolio estatal de distribución de electricidad, y el monopolio, también estatal, de la venta al por mayor de combustibles. Para que haya competencia en ese sector habría, entre otras cosas, que quitar los subsidios y dar igualdad de oportunidades a todos los que quieran importar y distribuir gasolina, gas o diésel. Cuando todas esas normas estén derogadas, entonces, y recién entonces, podría pensarse en una nueva ley.
