La asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE) y los Canales Comunitarios Regionales Comunicarios Ecuatorianos Asociados (CCREA) emitieron ayer un comunicado, en el que plantean 30 observaciones a la última versión del texto presentado por la oficialista Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Comunicación, sobre cuya base se aprueba el informe para el segundo debate de la llamada "ley mordaza".
Uno de los temas que más preocupa es el de las medidas fijadas en el inciso 2 del artículo 7 para proteger a niñas, niños y adolescentes de mensajes difundidos en toda forma y medio de comunicación, para lo cual se faculta a las autoridades competentes a crear asignaturas y proveer de herramientas cognitivas para que desarrollen la lectura crítica de mensajes.
"Es prácticamente una censura previa que regula contenidos para un solo sector en todos los medios y sin definición alguna ni limitación de tiempos y horarios", advierten los gremios. También sostienen que es un mecanismo de censura el monitoreo técnico de la programación de radio y televisión para vigilar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias, que estará a cargo del Consejo de Comunicación.
Piden, además, que se elimine el término "independiente" del literal r) del artículo 2, referente a la producción audiovisual y sonora nacional, pues consideran que "puede dar lugar a la manipulación y al manejo proselitista por parte del poder público de turno".
Otra observación tiene que ver con la democratización de la comunicación e información, para cuyo cumplimiento en el texto de Carrillo se habla de mecanismos democráticos de control social. "¿Cuáles son los organismos de control social?, un sufterfugio público para también manejar el control de los medios al imponer normas y políticas", dicen los gremios. (MEVO)
Otras observaciones
Actce y Ccrea cuestional también la inclusión de la profesionalización como requisto para ejercer el periodismo.
Además, sugieren no dar un plazo no mayor a 48 horas para ejercer el derecho a la réplica, para evitar su uso político.
Advierten que implementar sistemas de subtitulación y de lenguaje de señas es muy oneroso para los medios.
Señalan que dicho costo va de $300 mil en adelante, frente a canales cuya inversión total suma $50 mi.
Consideran inconstitucional la difusión obligatoria de música nacional en todos los espacios radiales.
Piden que se prohíba la publicidad estatal que sea de corte proselitista o utilizada para desacreditar a la oposición.
