viernes, 11 de junio de 2010

Gobierno pide reabrir expedientes de quienes habrían participado en torturas

Ayer comenzó oficialmente el trámite del Proyecto de Ley de Víctimas que presentó la Comisión de la Verdad, tras publicar su informe sobre las violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008. Paralelamente, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunció que el Gobierno ordenó la reapertura de las investigaciones a los policías presuntamente implicados en la violación de derechos humanos.

Según dijo, se dispuso la reapertura de los expedientes administrativos disciplinarios internos de la Policía que no hayan sido cerrados adecuadamente y que estén relacionados con casos de violación a los derechos humanos. El informe de la Comisión de la Verdad señala que en un 50% de los casos participaron policías y militares, algunos aún en servicio activo.

El proyecto de la comisión plantea la compensación económica a las diferentes víctimas. Las sumas irían desde los $2 500 hasta $17 mil, en caso de tortura; y $50 mil, en caso de desaparición.

Otras medidas son la creación del Comité Interinstitucional de Reparaciones y el Comité de Judicialización de estos casos. Además, se promoverá el funcionamiento de comités de Veeduría Ciudadana y del Archivo de la Memoria de las Violaciones de Derechos Humanos.

En el proyecto presentado a la Asamblea también se propone tipificar como delito las violaciones de derechos humanos según estándares internacionales.

Voces en contra. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, negó nuevamente haber estado en algún interrogatorio y haber sido testigo de violaciones de derechos humanos. A él se sumaron la familia de León Febres Cordero y la directiva PSC.

En una conferencia de prensa, aseveraron que los excesos no son responsabilidad del ex presidente, sino de miembros de la fuerza pública que, en su momento, fueron juzgados y sancionados según la ley.

Pascual del Cioppo, presidente del PSC, reiteró que defienden la firmeza con la que se actuó en el Gobierno de Febres Cordero contra la delincuencia y el terrorismo. Miguel Orellana, quien formó parte de ese régimen anunció medidas legales por involucrarlo en actos en los que él no tiene relación.