La Policía estima que en el país existen 500 000 armas de fuego. El Estado apenas tiene registro de 170 000, que hasta el 31 de junio del 2009 fueron autorizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco).
Hace cerca de un año (1 de julio del 2009) esos permisos de armas quedaron sin efecto. El Acuerdo Interministerial 001 suscrito por las carteras de Gobierno y de Defensa, lo dispuso y transfirió la responsabilidad del registro de armas a la Policía.
Desde entonces, solo 11 910 armas (es decir el 7% de 170 000 reportadas por el Comaco) han sido registradas en la Unidad Técnica de Control de Armas policial. Y de ellas, solo 9 764 (5,7%) fueron consideradas aptas.
Ese 5,7% de armas ingresó al IBIS (cada arma imprime en las balas una huella única; que se registra en el sistema). En la base de datos solo hay 9 764 armas con las cuales comparar.
Eso significa que si las armas no registradas son utilizadas, no habrá forma de identificarlas ni de ubicar al posible autor.
Fernando Carrión, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), refiere, en el libro ‘Seguridad Ciudadana: escenarios y efectos’, que solo el 3% de sicarios autores de homicidios fue detenido en el 2008, el 71% se fugó y del 26 % se desconoce su destino.
Según la Policía de Colombia, en América Latina el 85,23% de crímenes de sicariato se perpetra con armas de fuego.
Carrión puntualiza: “En un homicidio ejecutado por un sicario existen varios delitos simultáneos, como por ejemplo, la posesión de armas sin permisos, la asociación para delinquir, el robo de bienes (vehículos), infracciones de tránsito y el homicidio”.
Aunque el Acuerdo 001 otorgó la competencia a la Policía en julio, el proceso de registro de armas comenzó recién en septiembre, luego de que la UTCA recibiera los archivos del Comaco.
“La obtención de buenos resultados para capturar a un asesino depende, entre otras cosas, de alimentar la base de datos (IBIS) y eso requiere tiempo”, dice Rengifo. “Estamos hablando de un período de 2 a 3 años para tener los resultados esperados”.
El registro de armas en la UTCA, donde laboran 25 especialistas, consiste en hacer una individualización técnica del arma a través del registro de balas y vainas (IBIS). Además, en verificar documentos y solicitudes de recalificación y realizar pruebas teóricas, psicológicas y prácticas a los propietarios de las armas.
Cada arma deja una marca única en las balas y vainas disparadas, similar a una huella dactilar. Diariamente son recalificadas en promedio 100 armas de empresas de seguridad y 15 de personas naturales, que son ingresadas al IBIS, reseña un agente de la UTCA. ¿Si todas las armas ingresaran al IBIS se reduciría el sicariato?
Enrique Espinoza de los Monteros, jefe de la UTCA, cuestiona la producción sin control de armamento en talleres artesanales dentro del país, lo cual, según él, facilita la tarea del sicario.
El mayor Marco Ortiz, subjefe de la UTCA, refiere que la mayoría de las 11 910 armas registradas en ocho meses es de fabricación nacional. “La elaboración de armamento en el país fomenta la impunidad”, asevera Espinoza.
Desde el 27 de junio del 2007 está prohibida la importación de armas y municiones (Acuerdo 619 del Ministerio de Defensa), pero en el mercado hay armas locales, dice Espinoza, quien especifica el riesgo: “Los delincuentes se benefician del bajo costo de esas armas. Estas son de tan baja calidad que haciendo solo seis disparos en seco ya se destruyen por sí solas. Son armas desechables. Eso es impunidad”.
En el laboratorio de la UTCA Rengifo verifica un resultado negativo. Las seis piezas (tres balas y tres vainas) catalogadas con el número 5-234 no están registradas en el IBIS; el sistema no sirvió para hallar al culpable del crimen.
