La incomodidad se hizo sentir en las distintas asociaciones de judiciales del país, que en sendas comunicaciones dirigidas al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, reclaman por esta medida.
La petición de incremento salarial fue hecha por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, bajo el argumento que no se está aplicando el Mandato 2.
Los judiciales sostienen que disponer un incremento salarial como lo ha hecho el CJ, sólo para un segmento de funcionarios, resulta una decisión discriminatoria, que viola lo determinado en el Art. 33 y ordinal 4 del Art. 66 de la Constitución que refiere al derecho a la igualdad y no discriminación.
Recuerdan que la disposición contenida en el Art. 1 y 6 del Mandato Constituyente número dos tiene como objetivo terminar con los privilegios (sueldos dorados) que escandalizaban a la sociedad por su inequidad y contradicción con los sueldos de la generalidad del servidor público judicial.
Concluyen que desde hace siete años las remuneraciones de los servidores judiciales se mantienen congeladas, no han tenido incremento alguno, por lo que comparando con el índice inflacionario han perdido su poder adquisitivo.
Cuatro vocales del Consejo de la Judicatura, uno de ellos que ya fue cesado en sus funciones, expresaron su desacuerdo con la última resolución de este cuerpo colegiado por la cual se dio un incremento en las remuneraciones más altas que se pagan en la Función Judicial.
Ulpiano Salzar, Oswaldo Domínguez, Marco Tulio Cordero y Víctor Hugo Castillo (cesado) dirigieron una misiva a la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, María Paula Romo, haciéndole conocer su contrariedad con esta resolución.
