WASHINGTON. El Tesoro de Estados Unidos impuso ayer sanciones a una red financiera del Frente 48, que pertenece al bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al supuesto jefe del mismo, Olidem Romel Solarte Cerón.
Según el Gobierno de los EEUU, reseña la agencia EFE, ese frente de la guerrilla opera junto a las fronteras de Colombia con Ecuador y Perú.
Además de Solarte, en el comunicado se nombró a los supuestos "jefes clave" de la organización de tráfico de drogas de Jéfferson Ostaiza Amay "por actuar a nombre de las FARC". En concreto, cita a los dos hermanos de Jéfferson, Édison y Miguel Ostaiza Amay. Estos dos últimos detenidos y sentenciados en Ecuador, el primero por tráfico de drogas, y el segundo por ser cómplice en ese delito. Jéfferson y Édison poseen y controlan la empresa Multinacional Integral Productiva Jooamy Ema, una agencia inmobiliaria radicada en Quito, que también ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro.
Lo mismo ocurre con dos compañías agrícolas de San José (Costa Rica), que estuvieron en manos de uno de los socios financieros de las FARC, José Cayetano Melo Perilla. Se trata de Agropecuaria San Cayetano de Costa Rica Ltda. y Arrocera El Gaucho Ltda.
El comunicado identifica también a Gilma Montenegro Vallejos como una traficante de armas para las FARC.
Según el comunicado, Solarte es el jefe de finanzas y logística del Frente 48 de las FARC y "es responsable por la distribución de drogas para el Frente, y trabajó estrechamente vinculado con el ex comandante del Frente 48, Gentil Gómez Marín, alias "Édgar Tovar", y la organización de traficantes de drogas Ostaiza Amay en Ecuador". Gómez Marín murió en una operación del Ejército colombiano en enero pasado.
"Solarte le pagó a Montenegro para que obtuviera armas en Perú y las transportara para el bloque sur de las FARC", añadió. "Las autoridades ecuatorianas arrestaron a Montenegro en marzo de 2009 sobre la base de una alerta de Interpol acerca de cargos de tráfico de armas en el Perú", dice el comunicado del Tesoro.
Las sanciones prohíben que personas o entidades de Estados Unidos hagan negocios con los individuos y entidades nombradas, y congela cualquier activo que los sancionados tengan en jurisdicción estadounidense.
"Seguiremos desmantelando las redes financieras y logísticas de las FARC, y desenmascarando a quienes los ayudan", dijo Adam Szubin, director de la oficina del Tesoro que se ocupa de las sanciones internacionales.
El caso "huracán de la frontera". Los hermanos Édison y Miguel Ostaiza se encuentran detenidos desde el 15 septiembre de 2008, tras el operativo policial denominado "Huracán de la Frontera", en el cual se decomisaron 4,7 toneladas de cocaína. Jéfferson se dio a la fuga y, según información extraoficial, habría buscado refugio en el Frente 48 de la guerrilla de las FARC.
Por este delito se inició un juicio, cuya sentencia fue dictada el 15 de mayo pasado. Édison fue condenado a 12 años de prisión, y su hermano Miguel a 6 años. En este mismo proceso fue absuelto el ex subsecretario de Gobierno y ex asesor del Ministerio de Seguridad Interna y Externa del actual Régimen, José Ignacio Chauvin, quien estuvo acusado de cómplice. El ex funcionario, en declaraciones públicas tras entregarse a la justicia, afirmó que la interesaba el intercambio humanitario (de los secuestrados de la guerrilla) y haberse reunido siete veces con el ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, de quien, además, se consideró su amigo personal.
Contra los Ostaiza todavía está abierto un proceso por lavado de activos. El 4 de junio pasado, la fiscal de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, Fanny Altamirano, los acusó de utilizar la empresa Jooamy Ema para hacer transferencias de dinero "proveniente del narcotráfico".
Esta empresa, entre otras actividades, organizó conciertos y quiso ser proveedora de la Policía.
Con su dictamen acusatorio, que fue presentado luego de que finalizara la instrucción fiscal, la fiscal pidió que se diera inicio a la etapa de juzgamiento para dictar sentencia. Este proceso se inició en septiembre de 2009 y avanzó de forma paralela al juicio por narcotráfico.
