El anuncio de la creación de una estatal bananera que ayude a exportar la fruta que cultivan pequeños y medianos productores llena de expectativa a hacendados de La Maná. Un cantón de Cotopaxi, donde gran parte de agricultores se dedica a esta actividad.
Pese a tener 15 años de producir banano orito, la hacienda El Farolito aún tiene problemas. Fabiola Morocho, quien es parte del negocio familiar, asegura que el haber ingresado a mercados como Colombia y Estados Unidos no les ha traído beneficios. La exportadora Dole apenas les compra 80 cajas semanales, de un máximo de 300 que llegan a producir las 12 hectáreas de cultivo. “El resto es rechazo, se pierde”, dice.
Al igual que otros bananeros de Guayas y El Oro, Morocho está a la espera de que se concrete la operatividad de esta empresa que hasta el día de hoy no ha sido aprobada por el Ejecutivo y que por ende no tiene fecha de inicio. La falta de legalización de los productores que participarán y la carencia de nuevos mercados también impiden su operación.
Desde el inicio de su gestión el Gobierno creó expectativas en el sector. Anunció la venta de Irán, Libia y China. Hasta ahora solo se han concretado en envíos de muestra al mercado chino, abastecido por uno de los grandes productores del mundo, Filipinas, que amenaza incluso con llegar a la Unión Europea. Esa fruta no tiene que cruzar el Pacífico ni pagar aranceles para llegar a su vecino.
Algunos dirigentes han anunciado además la llegada de una delegación de Libia desde hace dos semanas y aquello no se concreta. Hace un año y medio el Presidente anunció la apertura del mercado iraní, y eso tampoco se ha dado.
Según exportadores, será complicado llegar a esas naciones, debido a lo difícil que resulta desbaratar todo un proceso creado por los mejores negociadores del mundo: los persas. Incluso señalan que se están creando falsas expectativas entre los bananeros.
El subsecretario de Agricultura, Rafael Guerrero, dijo que el mercado nacional de la fruta transcurre bajo una continua informalidad que es necesario regular enseguida.
“La empresa va a comprar banano al precio oficial ($ 5,40). Esto obligará a que los exportadores que han comprado la fruta tengan que pagar el precio de sustentación al productor”, acotó el funcionario.
Antes de que suceda eso, el director de Unidad del Banano, Richard Salazar, explica que el 70% de los productores que laboran “en 170 mil hectáreas registradas” deberán legalizarse y empezar a suscribir contratos.
El registro es lo que les garantizará la participación dentro de la empresa. Este proceso inició hace meses atrás pero se ha incumplido. La Ley de Banano que se tramita en el Legislativo lo convierte en obligación.
