La Asamblea Nacional, a través de su secretaría, denunció la adquisición de un lote de dos sistemas de localizadores e interceptadores de llamadas telefónicas de celulares por parte de la Unidad de Ejecución Especializada del Plan de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno.
El pasado 11 de junio, el secretario de la Asamblea, Francisco Vergara, solicitó al director ejecutivo de dicha Unidad, Juan Manuel Chiriboga, que informe sobre las consideraciones de esa entidad para la adquisición de los equipos de interceptación y localización de teléfonos celulares.
En el oficio, Vergara sostiene que el hacer interceptación celular a ciudadanos del Ecuador, a través de las prestadoras de este servicio como son Porta, Movistar, y Alegro, “constituye un delito y va contra los derechos de privacidad de comunicación de los ciudadanos y otros tratados internacionales que nuestro país es signatario”.
Además señala, en la comunicación, que la interceptación constituye una violación a los Derechos Humanos que no permiten hacer este tipo de actividad ni aún basándonos en que “cuerpos policiales o de investigación requieran obtener información de esta manera impropia violando toda la seguridad establecida por las operadoras establecidas”.
Según Chiriboga, la Unidad no ha comprado ningún lote de localizadores e interceptadores de llamadas a teléfonos móviles y sostuvo que la denuncia del secretario de la Asamblea no tiene fundamento. “No se ha comprado absolutamente nada. Si se llegaría a comprar sería bajo un régimen de Seguridad Nacional, porque se trata de información de carácter reservada”, puntualizó.
Además, Chiriboga comentó que en los próximos días se reunirá con Vergara para aclarar la denuncia que a su criterio es “muy rara”.
El secretario de la Asamblea también remitió el oficio a la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, Comisión de la Verdad, Fiscalía General, ministerios de Gobierno, de Justicia para que se pronuncien sobre lo que Vergara considera “un grave atropello”.
Las denuncias de intercepción telefónica datan del 2009. El 19 de agosto de ese año, en un boletín de prensa calificado de urgente, Fernando Balda, militante de Sociedad Patriótica (SP), aseguró que en una oficina ubicada en el edificio del Fondo de Solidaridad (en Quito) supuestamente había cuatro máquinas de intercepción telefónica con capacidad para captar 20 líneas cada una. Además, afirmó que los aparatos fueron donados por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Pero el gobierno lo desmintió y a través de su secretario jurídico, Alexis Mera, presentó ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias contra Balda, que incluyeron un pedido de prisión preventiva.
La primera era por la difusión de noticias o informaciones falsas destinadas a alterar el orden público, intromisión injustificada en dependencias policiales. Y la segunda por ofensas al Primer Mandatario.
