El procurador General del Estado, Diego García Carrión, se encuentra elaborando un plan de trabajo en el control contra el terrorismo y el lavado de dinero para presentarlo en la próxima
Transcurridos tres meses de la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir al Ecuador en la lista de países que representan un riesgo para el sistema financiero internacional, el efecto negativo en las actividades diarias de varios ecuatorianos empieza a sentirse.
Según la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., las entidades financieras que presten servicios a personas u organizaciones que estén en sus listas tendrán sanciones penales y civiles. Las penales oscilan entre USD 250 000 y USD 10 millones para empresas y desde USD 10 000 hasta USD 5 millones para individuos. Las penas administrativas consisten en multas que van de USD 11 000 a 1 millón, así como bloqueo de activos y fondos o confiscación.
Ahora el Gobierno, a través de la Procuraduría, se encuentra elaborando un plan de trabajo en el control contra el terrorismo y el lavado de dinero para presentarlo en la próxima reunión del GAFI, que se realizará en la segunda semana de junio, en Ámsterdam.
Cuando el GAFI incluyó al Ecuador en la lista de países que no prestan una adecuada atención a la lucha contra el terrorismo, dejó claro que era por su falta de voluntad política. Porque, a diferencia de los otros países incluidos en la lista, nosotros sí estábamos asociados al GAFI. Tras el anuncio, el presidente Rafael Correa salió a desconocer al GAFI, que es una institución independiente, técnica. Esa reacción, de alguna manera, daba la razón al GAFI de la falta de voluntad política. Será difícil salir rápidamente de la lista. Si el Gobierno presenta en junio el plan de trabajo, en diciembre se sabrá si el GAFI lo aprueba o no.
Los efectos de estar incluidos en la lista del GAFI ya se sienten. Aunque es paulatino y despacito, se están registrando problemas. Por ejemplo, nuestros clientes que realizan actividades de comercio exterior, nos cuentan que ahora les piden mayor documentación, que hay más cuidado en la revisión de los documentos que se les exige, etc. Hemos hablado con el Gobierno y hasta hemos presentado una propuesta para cambiar las leyes de control, pero no nos han escuchado. Salirse del GAFI no es una alternativa. No hacer nada, tampoco es la opción. Lo único que nos queda es presentar un plan coherente.
Transcurridos tres meses de la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir al Ecuador en la lista de países que representan un riesgo para el sistema financiero internacional, el efecto negativo en las actividades diarias de varios ecuatorianos empieza a sentirse.
Según la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., las entidades financieras que presten servicios a personas u organizaciones que estén en sus listas tendrán sanciones penales y civiles. Las penales oscilan entre USD 250 000 y USD 10 millones para empresas y desde USD 10 000 hasta USD 5 millones para individuos. Las penas administrativas consisten en multas que van de USD 11 000 a 1 millón, así como bloqueo de activos y fondos o confiscación.
Ahora el Gobierno, a través de la Procuraduría, se encuentra elaborando un plan de trabajo en el control contra el terrorismo y el lavado de dinero para presentarlo en la próxima reunión del GAFI, que se realizará en la segunda semana de junio, en Ámsterdam.
Cuando el GAFI incluyó al Ecuador en la lista de países que no prestan una adecuada atención a la lucha contra el terrorismo, dejó claro que era por su falta de voluntad política. Porque, a diferencia de los otros países incluidos en la lista, nosotros sí estábamos asociados al GAFI. Tras el anuncio, el presidente Rafael Correa salió a desconocer al GAFI, que es una institución independiente, técnica. Esa reacción, de alguna manera, daba la razón al GAFI de la falta de voluntad política. Será difícil salir rápidamente de la lista. Si el Gobierno presenta en junio el plan de trabajo, en diciembre se sabrá si el GAFI lo aprueba o no.
Los efectos de estar incluidos en la lista del GAFI ya se sienten. Aunque es paulatino y despacito, se están registrando problemas. Por ejemplo, nuestros clientes que realizan actividades de comercio exterior, nos cuentan que ahora les piden mayor documentación, que hay más cuidado en la revisión de los documentos que se les exige, etc. Hemos hablado con el Gobierno y hasta hemos presentado una propuesta para cambiar las leyes de control, pero no nos han escuchado. Salirse del GAFI no es una alternativa. No hacer nada, tampoco es la opción. Lo único que nos queda es presentar un plan coherente.
