Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, reapareció ayer públicamente. Lo hizo en la Contraloría del Estado, donde pidió a su titular Carlos Pólit, que emita las sanciones pertinentes en contra de algunos ex funcionarios de Petroproducción.
Según Fabricio Correa, el Estado debe aplicar el derecho de repetición en contra de los responsables del perjuicio ocasionado al Fisco, a más de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los implicados en el caso Aplitec, donde un auto arbitral de la Cámara de Comercio americana-ecuatoriana ordenó a Petroproducción que pague $ 600.000 a dicha compañía.
La solicitud de Correa es que ese dinero lo cancelen los que terminaron unilateralmente el contrato con Aplitec, y no el pueblo ecuatoriano. Según él, los responsables son: el ex vicepresidente de Petroproducción, Patricio López; el fiscalizador de la obra de Aplitec, Guillermo Sierra; el superintendente del Distrito Amazónico, Mario Mendieta, y el subgerente de operaciones, Luis Araujo.
Alertó que este es solo el primer pago por quitarle los contratos a sus empresas. El Estado enfrenta un litigio similar con Cosurca de unos 30 millones de dólares, por suprimirle ilegalmente los contratos. “Vea lo que acaba de hacer el Estado contra Cosurca; por no darle 1,5 millones de dólares al cuñado del Vicepresidente, la banda de los rosas le termina los contratos”, puntualizó.
Antes de salir, junto a su esposa y su abogado, Jofre Campaña, aconsejó al contralor Pólit que actúe en contra de la impunidad. “Usted es la única autoridad de control que está actuando, el único que en su desesperación grita: ‘Washo (fiscal Pesántez) actúa, porque estoy hasta aquí de la corrupción’”, dijo pasando el dedo por la frente.
Pólit ofreció revisar la documentación y las pruebas entregadas por Correa. “Vamos a hacer la acción de control que la ley nos permita y revelar a la autoridad correspondiente para que se siga con el trámite”, dijo.
Según Fabricio Correa, el Estado debe aplicar el derecho de repetición en contra de los responsables del perjuicio ocasionado al Fisco, a más de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los implicados en el caso Aplitec, donde un auto arbitral de la Cámara de Comercio americana-ecuatoriana ordenó a Petroproducción que pague $ 600.000 a dicha compañía.
La solicitud de Correa es que ese dinero lo cancelen los que terminaron unilateralmente el contrato con Aplitec, y no el pueblo ecuatoriano. Según él, los responsables son: el ex vicepresidente de Petroproducción, Patricio López; el fiscalizador de la obra de Aplitec, Guillermo Sierra; el superintendente del Distrito Amazónico, Mario Mendieta, y el subgerente de operaciones, Luis Araujo.
Alertó que este es solo el primer pago por quitarle los contratos a sus empresas. El Estado enfrenta un litigio similar con Cosurca de unos 30 millones de dólares, por suprimirle ilegalmente los contratos. “Vea lo que acaba de hacer el Estado contra Cosurca; por no darle 1,5 millones de dólares al cuñado del Vicepresidente, la banda de los rosas le termina los contratos”, puntualizó.
Antes de salir, junto a su esposa y su abogado, Jofre Campaña, aconsejó al contralor Pólit que actúe en contra de la impunidad. “Usted es la única autoridad de control que está actuando, el único que en su desesperación grita: ‘Washo (fiscal Pesántez) actúa, porque estoy hasta aquí de la corrupción’”, dijo pasando el dedo por la frente.
Pólit ofreció revisar la documentación y las pruebas entregadas por Correa. “Vamos a hacer la acción de control que la ley nos permita y revelar a la autoridad correspondiente para que se siga con el trámite”, dijo.
