La Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra del ex ministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira García y otros, dentro del juicio que investiga una supuesta falsificación de documentos públicos para beneficiar a la petrolera Texaco en la tarea de remediación ambiental que esta empresa tenía que hacer en el Ecuador luego de 26 años de explotación hidrocarburífera.
El dictamen está firmado por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, y en este se pide a la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que se llame a juicio al citado ex Ministro de Energía en el gobierno de Jamil Mahuad y otros.
En el extenso dictamen que tiene 132 fojas, Alvear hace una minuciosa descripción de los hechos investigados y llega a la conclusión que ésta proporcionó datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamentos graves.
En esta investigación se hace especial mención al informe de la Contraloría del Estado, de 23 de octubre de 1997, en el que se recomienda al Ministerio de Energía y a Petroecuador reclamar a la Texaco la remediación ambiental de los suelos de las 407 piscinas, plataformas de perforación y pozos de abandono.
Fueron excluidos del Plan de Reparación Ambiental y del alcance de los trabajos que forman parte del contrato suscrito con la firma Texpet (Texas Petroleum Company); y, la mitigación de todos los daños causados por los derrames en las áreas circundantes.
Dicho informe concluye que la Texaco no cumplió satisfactoriamente con la obligación de reparar los daños ambientales, por la aplicación de un patrón tecnológico perjudicial y nocivo, durante 26 años de operación hidrocarburífera.
Por haber transcurrido más de diez años, tres ex Subsecretarios de Energía y Minas que suscribieron las actas de recepción parcial, de los trabajos de remediación ambiental ejecutados por Texpet en la región amazónica, se salvaron de ser acusados en este juicio por prescripción de la acción.
Los ex funcionarios favorecidos son Jorge Albán Gómez, Hugo Jara Román y Giovanni Mario Rosanía Schiavone, quienes a decir de la Fiascalía firmaron las actas sin realizar reparo alguno, conociendo que los trabajos se encontraban en unos casos incompletos y en otros no ejecutados, y sobre todo que se estaba afectando los intereses del Estado ecuatoriano.
La Fiscalía sostiene que a pesar de la existencia de este informe, los imputados Patricio Ribadeneira, Ramiro Gordillo, Luis Albán, Ricardo Rais y César Pérez, incurrieron en claro acto falsario, al emitir el acta final No 52, estableciendo un hecho falso, como real y verdadero.
Los imputados consistentemente afirmaron que los trabajos de remediación ambiental han sido cabal y totalmente ejecutados por la TEXPET, cuando de antemano conocían que esto no era verdad.
Motivados por el ánimo de beneficiar a TEXPET, los mencionados no repararon en el daño al país y en especial a la población oriental.
Ramiro Gordillo García, ex presidente Ejecutivo de Petroecuador.
Luis Albán Granizo, ex gerente de Petroproducción.
César Pérez Pallares.
Ricardo Reis Veiga.
Martha Romero de la Cadena.
Jorge Dután Erráez.
Alix Suárez Luna.
Marco Trejo Ordóñez.
De ser encontrados culpables, podrían recibir una pena de 9 a 12 años de reclusión menor extraordinaria.
El dictamen está firmado por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, y en este se pide a la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que se llame a juicio al citado ex Ministro de Energía en el gobierno de Jamil Mahuad y otros.
En el extenso dictamen que tiene 132 fojas, Alvear hace una minuciosa descripción de los hechos investigados y llega a la conclusión que ésta proporcionó datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamentos graves.
En esta investigación se hace especial mención al informe de la Contraloría del Estado, de 23 de octubre de 1997, en el que se recomienda al Ministerio de Energía y a Petroecuador reclamar a la Texaco la remediación ambiental de los suelos de las 407 piscinas, plataformas de perforación y pozos de abandono.
Fueron excluidos del Plan de Reparación Ambiental y del alcance de los trabajos que forman parte del contrato suscrito con la firma Texpet (Texas Petroleum Company); y, la mitigación de todos los daños causados por los derrames en las áreas circundantes.
Dicho informe concluye que la Texaco no cumplió satisfactoriamente con la obligación de reparar los daños ambientales, por la aplicación de un patrón tecnológico perjudicial y nocivo, durante 26 años de operación hidrocarburífera.
Por haber transcurrido más de diez años, tres ex Subsecretarios de Energía y Minas que suscribieron las actas de recepción parcial, de los trabajos de remediación ambiental ejecutados por Texpet en la región amazónica, se salvaron de ser acusados en este juicio por prescripción de la acción.
Los ex funcionarios favorecidos son Jorge Albán Gómez, Hugo Jara Román y Giovanni Mario Rosanía Schiavone, quienes a decir de la Fiascalía firmaron las actas sin realizar reparo alguno, conociendo que los trabajos se encontraban en unos casos incompletos y en otros no ejecutados, y sobre todo que se estaba afectando los intereses del Estado ecuatoriano.
La Fiscalía sostiene que a pesar de la existencia de este informe, los imputados Patricio Ribadeneira, Ramiro Gordillo, Luis Albán, Ricardo Rais y César Pérez, incurrieron en claro acto falsario, al emitir el acta final No 52, estableciendo un hecho falso, como real y verdadero.
Los imputados consistentemente afirmaron que los trabajos de remediación ambiental han sido cabal y totalmente ejecutados por la TEXPET, cuando de antemano conocían que esto no era verdad.
Motivados por el ánimo de beneficiar a TEXPET, los mencionados no repararon en el daño al país y en especial a la población oriental.
Ramiro Gordillo García, ex presidente Ejecutivo de Petroecuador.
Luis Albán Granizo, ex gerente de Petroproducción.
César Pérez Pallares.
Ricardo Reis Veiga.
Martha Romero de la Cadena.
Jorge Dután Erráez.
Alix Suárez Luna.
Marco Trejo Ordóñez.
De ser encontrados culpables, podrían recibir una pena de 9 a 12 años de reclusión menor extraordinaria.
