Los pobladores de la parroquia Quilloac detuvieron a Lupe Pinos bajo la acusación de haberlos estafado con la fraudulenta adquisición de inmuebles por alrededor de unos $370 mil
Lupe Pinos Ortiz lleva recluida 11 días en la casa comunal de la parroquia Quilloac (Cañar). Está acusada de varias estafas por un valor cercano a los $370 mil.
Los habitantes de Quilloac la retienen argumentando el derecho establecido en la Constitución de igualdad entre la justicia ordinaria y la indígena. Para Simón Valdivieso, juez Segundo de lo Penal del Azuay, la justicia indígena tiene constitucionalmente el mismo valor que la justicia que se imparte en los tribunales. La diferencia es que la segunda se rige por el derecho consuetudinario, es decir, por la costumbre.
Pero Valdivieso aclara que la retención de una persona por más de 24 horas sin orden de un juez ni fórmula de cargo, tal como sucede en este caso, es incorrecta, pues atenta contra las normas internacionales de los Derechos Humanos. "Es un precepto que le compete también conocer a la comunidad o a la justicia indígena. La Constitución dice que se reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en cuanto no contravengan normas de Derechos Humanos, y la limitación por más de 24 horas es una norma de derechos humanos", comenta Valdivieso.
La detención de Pinos Ortiz se produjo el domingo 21 de febrero, cerca de la oficina de bienes raíces que maneja. El hecho se produjo luego de que Rafael Guamán Chuma había denunciado a los dirigentes de Quilloac que entregó a Pinos $120 mil como pago de una vivienda en Cuenca. Sin embargo, al momento de tratar de obtener las escrituras, el trámite no se habría concretado por la existencia de una hipoteca sobre el inmueble. Esto habría ocurrido el 19 de marzo de 2008. Como ha transcurrido un año sin resultados, Guamán decidió poner el caso en manos de las autoridades de su comunidad.
Guamán y algunos de sus vecinos aseguran responder por los gastos de alimentación de la acusada. Además, afirman llevarla a continuas revisiones médicas, psicológicas y odontológicas y dicen que permiten que sea visitada por sus familiares.
Se han desarrollado tres asambleas en las que se determinó que la mujer acusada quedaría en libertad si devuelve el dinero. Rafael Guamán pide inclusive otros $8 000, entregados con anterioridad. El jueves pasado, los familiares de la detenida habrían adelantado la entrega de $6 100.
El abogado de Pinos, Diego López, indicó a la comunidad en la asamblea extraordinaria desarrollada el 24 de febrero que la mujer habría entregado a Juan Urgilez, el supuesto propietario del inmueble en cuestión, $40 800. Mientras que Pinos Ortiz habría indicado ese mismo día que hace un año quebró y que tiene un bien valorado en $280 mil y otra propiedad en la comunidad de Gualleturo. Pero, que no tiene recursos para responder por las acusaciones. No obstante, se habría declarado dispuesta a solucionar el asunto, sin aclarar el mecanismo.
Durante el proceso, se presentaron denuncias de otras siete personas de diferentes comunidades de Cañar; esa deuda ascendería a $254 mil.
Para tratar este tema se convocó a las 09:00 de hoy, a una sesión de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) para acoger la denuncia de todos los afectados y que estos documenten sus acusaciones.
Lupe Pinos Ortiz lleva recluida 11 días en la casa comunal de la parroquia Quilloac (Cañar). Está acusada de varias estafas por un valor cercano a los $370 mil.
Los habitantes de Quilloac la retienen argumentando el derecho establecido en la Constitución de igualdad entre la justicia ordinaria y la indígena. Para Simón Valdivieso, juez Segundo de lo Penal del Azuay, la justicia indígena tiene constitucionalmente el mismo valor que la justicia que se imparte en los tribunales. La diferencia es que la segunda se rige por el derecho consuetudinario, es decir, por la costumbre.
Pero Valdivieso aclara que la retención de una persona por más de 24 horas sin orden de un juez ni fórmula de cargo, tal como sucede en este caso, es incorrecta, pues atenta contra las normas internacionales de los Derechos Humanos. "Es un precepto que le compete también conocer a la comunidad o a la justicia indígena. La Constitución dice que se reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en cuanto no contravengan normas de Derechos Humanos, y la limitación por más de 24 horas es una norma de derechos humanos", comenta Valdivieso.
La detención de Pinos Ortiz se produjo el domingo 21 de febrero, cerca de la oficina de bienes raíces que maneja. El hecho se produjo luego de que Rafael Guamán Chuma había denunciado a los dirigentes de Quilloac que entregó a Pinos $120 mil como pago de una vivienda en Cuenca. Sin embargo, al momento de tratar de obtener las escrituras, el trámite no se habría concretado por la existencia de una hipoteca sobre el inmueble. Esto habría ocurrido el 19 de marzo de 2008. Como ha transcurrido un año sin resultados, Guamán decidió poner el caso en manos de las autoridades de su comunidad.
Guamán y algunos de sus vecinos aseguran responder por los gastos de alimentación de la acusada. Además, afirman llevarla a continuas revisiones médicas, psicológicas y odontológicas y dicen que permiten que sea visitada por sus familiares.
Se han desarrollado tres asambleas en las que se determinó que la mujer acusada quedaría en libertad si devuelve el dinero. Rafael Guamán pide inclusive otros $8 000, entregados con anterioridad. El jueves pasado, los familiares de la detenida habrían adelantado la entrega de $6 100.
El abogado de Pinos, Diego López, indicó a la comunidad en la asamblea extraordinaria desarrollada el 24 de febrero que la mujer habría entregado a Juan Urgilez, el supuesto propietario del inmueble en cuestión, $40 800. Mientras que Pinos Ortiz habría indicado ese mismo día que hace un año quebró y que tiene un bien valorado en $280 mil y otra propiedad en la comunidad de Gualleturo. Pero, que no tiene recursos para responder por las acusaciones. No obstante, se habría declarado dispuesta a solucionar el asunto, sin aclarar el mecanismo.
Durante el proceso, se presentaron denuncias de otras siete personas de diferentes comunidades de Cañar; esa deuda ascendería a $254 mil.
Para tratar este tema se convocó a las 09:00 de hoy, a una sesión de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) para acoger la denuncia de todos los afectados y que estos documenten sus acusaciones.
