Los indígenas presentaron una denuncia internacional por afectación a la biodiversidad y los derechos humanos por parte de la empresa argentina CGC, entre el 2002 y 2003
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fijó como plazo hasta fines de abril para que el Estado ecuatoriano cumpla una serie de recomendaciones relacionadas con la reparación de los daños ambientales causados en Sarayacu (Pastaza) y aplique medidas para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos.
En 2002, la población indígena habría sido afectada por la explotación petrolera y prospección sísmica en el Bloque 23, por parte de la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
Según la denuncia de los afectados, la empresa habría utilizado explosivos pentonita de alto poder para realizar la explotación. En 2003, la defensa del pueblo Sarayacu interpuso una demanda por violación a los derechos humanos ante la CIDH. A fines de enero de este año, el organismo, que falló a favor de los afectados, notificó su resolución al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia.
"Desde el 2003, se desarrolló un largo proceso de litigios en el que se presentaron pruebas, hubo audiencias y en el que participaron abogados de la Procuraduría, y representantes de la CGC", dijo el abogado defensor de los sarayacus, Mario Melo.
El abogado advirtió que, si hasta fines de abril, no existe un cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado ecuatoriano, no se descarta que la Comisión Interamericana y Sarayacu emprendan una nueva etapa de defensa, pero esta ocasión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Con esta gestión, se buscaría lograr una sentencia de la Corte que establezca responsabilidades internacionales y dicte otras medidas de reparacion a favor de Sarayacu".
Aunque Melo sostuvo que no se pueden calcular los daños que provocados por la explotación ni los montos de una eventual indemnización, aseguró que se cuenta con elementos que "nos permiten decir que son graves e incuantificables".
Señaló que entre 2002 y 2003, contra la voluntad de los sarayacus, la empresa CGC colocó gran cantidad de explosivos (150 kilos) en ese territorio, lo que puso en peligro la vida y la biodiversidad. Añadió que es la primera vez que un organismo de justicia dictamina a favor de un grupo que habita en territorio indígena y que ha sido afectado en la violación de sus derechos humanos vinculado con la explotación petrolera. (SC)
'Difícil cumplir inmediatamente'
Para el jurista, Marco Romero, el Estado ecuatoriano como suscriptor de tratados de Derechos Humanos, está en la obligación de cumplir con el fallo de la Corte. Sin embargo, advierte que esto no sería posible hacerlo inmediatamente porque, adicionalmente, se debería contar con un presupuesto para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona y, eventualmente, pagar el costo de las indemnizaciones que estableciera la CIDH.
Romero también considera que el Estado, a través del Ministerio de Justicia debería analizar y buscar los mecanismos legales para que la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) se haga responsable de los daños ocasionados. De alguna forma esto debe estar establecido en la cláusula contractual, señaló.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fijó como plazo hasta fines de abril para que el Estado ecuatoriano cumpla una serie de recomendaciones relacionadas con la reparación de los daños ambientales causados en Sarayacu (Pastaza) y aplique medidas para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos.
En 2002, la población indígena habría sido afectada por la explotación petrolera y prospección sísmica en el Bloque 23, por parte de la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
Según la denuncia de los afectados, la empresa habría utilizado explosivos pentonita de alto poder para realizar la explotación. En 2003, la defensa del pueblo Sarayacu interpuso una demanda por violación a los derechos humanos ante la CIDH. A fines de enero de este año, el organismo, que falló a favor de los afectados, notificó su resolución al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia.
"Desde el 2003, se desarrolló un largo proceso de litigios en el que se presentaron pruebas, hubo audiencias y en el que participaron abogados de la Procuraduría, y representantes de la CGC", dijo el abogado defensor de los sarayacus, Mario Melo.
El abogado advirtió que, si hasta fines de abril, no existe un cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado ecuatoriano, no se descarta que la Comisión Interamericana y Sarayacu emprendan una nueva etapa de defensa, pero esta ocasión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Con esta gestión, se buscaría lograr una sentencia de la Corte que establezca responsabilidades internacionales y dicte otras medidas de reparacion a favor de Sarayacu".
Aunque Melo sostuvo que no se pueden calcular los daños que provocados por la explotación ni los montos de una eventual indemnización, aseguró que se cuenta con elementos que "nos permiten decir que son graves e incuantificables".
Señaló que entre 2002 y 2003, contra la voluntad de los sarayacus, la empresa CGC colocó gran cantidad de explosivos (150 kilos) en ese territorio, lo que puso en peligro la vida y la biodiversidad. Añadió que es la primera vez que un organismo de justicia dictamina a favor de un grupo que habita en territorio indígena y que ha sido afectado en la violación de sus derechos humanos vinculado con la explotación petrolera. (SC)
'Difícil cumplir inmediatamente'
Para el jurista, Marco Romero, el Estado ecuatoriano como suscriptor de tratados de Derechos Humanos, está en la obligación de cumplir con el fallo de la Corte. Sin embargo, advierte que esto no sería posible hacerlo inmediatamente porque, adicionalmente, se debería contar con un presupuesto para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona y, eventualmente, pagar el costo de las indemnizaciones que estableciera la CIDH.
Romero también considera que el Estado, a través del Ministerio de Justicia debería analizar y buscar los mecanismos legales para que la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) se haga responsable de los daños ocasionados. De alguna forma esto debe estar establecido en la cláusula contractual, señaló.
