Este hecho ocurrió luego de que, el viernes pasado, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, también encargado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), anunciara el cierre de 34 radios por considerar que han faltado a los requisitos legales para operar.
De acuerdo con el diario venezolano El Universal, durante la mañana de ayer, tres funcionarios del Conatel fueron a la sede de CNB, ubicada en la capital venezolana, y exigieron que se pare la transmisión.
Varios personas se aglomeraron en los alrededores de la emisora para protestar en contra la medida, mientras que los empleados mostraron su preocupación ante la inminente perdida de su empleo. El Universal informó que al menos 300 familias dependen del CNB, muy crítico contra el Régimen de Hugo Chávez.
El grupo del CNB está conformado por nueve emisoras FM y dos AM. Es dirigido por Nelson Belfort, presidente de la Cámara de Radiodifusión de Venezuela.
Portavoces del grupo dijeron que recurrirán la medida de Conatel ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a la que se vincula con la oposición, manifestó en un comunicado "su dolor y su rechazo a la despótica decisión del Ejecutivo nacional".
Las emisoras cuyas concesiones fueron rescindidas por el Gobierno forman parte de un grupo de 240 que recientemente no cumplieron con la convocatoria que les hizo ese organismo para actualizar sus datos.
Cabello manifestó que la decisión del Gobierno de combatir el "latifundismo mediático y promover la democratización" de la propiedad de los medios ha recibido muchas críticas, pero que tampoco ha habido ninguna denuncia de que se esté violando la ley.
ley de delitos mediáticos. Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que el Proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en el país sudamericano.
Según la SIP, el proyecto, que fue presentado a la Asamblea Nacional (Congreso) hace pocos días, constituye un "mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".
Por otro lado, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) dijo que la normativa es una lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión.
El organismo, que agrupa a unas 170 mil radios del mundo, pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) "respaldar su sistema interamericano de protección de los derechos humanos, para que Venezuela permita la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e investigar las graves violaciones registradas en Venezuela". El nuevo proyecto de ley sanciona a los responsables de los medios de comunicación y a los periodistas con penas desde los seis meses hasta los cuatro años si el Gobierno considera que emiten noticias falsas que causan perjuicio al Estado.
De acuerdo con el diario venezolano El Universal, durante la mañana de ayer, tres funcionarios del Conatel fueron a la sede de CNB, ubicada en la capital venezolana, y exigieron que se pare la transmisión.
Varios personas se aglomeraron en los alrededores de la emisora para protestar en contra la medida, mientras que los empleados mostraron su preocupación ante la inminente perdida de su empleo. El Universal informó que al menos 300 familias dependen del CNB, muy crítico contra el Régimen de Hugo Chávez.
El grupo del CNB está conformado por nueve emisoras FM y dos AM. Es dirigido por Nelson Belfort, presidente de la Cámara de Radiodifusión de Venezuela.
Portavoces del grupo dijeron que recurrirán la medida de Conatel ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a la que se vincula con la oposición, manifestó en un comunicado "su dolor y su rechazo a la despótica decisión del Ejecutivo nacional".
Las emisoras cuyas concesiones fueron rescindidas por el Gobierno forman parte de un grupo de 240 que recientemente no cumplieron con la convocatoria que les hizo ese organismo para actualizar sus datos.
Cabello manifestó que la decisión del Gobierno de combatir el "latifundismo mediático y promover la democratización" de la propiedad de los medios ha recibido muchas críticas, pero que tampoco ha habido ninguna denuncia de que se esté violando la ley.
ley de delitos mediáticos. Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que el Proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en el país sudamericano.
Según la SIP, el proyecto, que fue presentado a la Asamblea Nacional (Congreso) hace pocos días, constituye un "mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".
Por otro lado, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) dijo que la normativa es una lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión.
El organismo, que agrupa a unas 170 mil radios del mundo, pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) "respaldar su sistema interamericano de protección de los derechos humanos, para que Venezuela permita la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e investigar las graves violaciones registradas en Venezuela". El nuevo proyecto de ley sanciona a los responsables de los medios de comunicación y a los periodistas con penas desde los seis meses hasta los cuatro años si el Gobierno considera que emiten noticias falsas que causan perjuicio al Estado.
