lunes, 24 de agosto de 2009

Poder central debilita autonomías

A raíz de la reinstauración de la democracia en 1980, Municipios y Consejos Provinciales iniciaron un doloroso peregrinaje por recursos, con perpetuas antesalas en el Ministerio de Finanzas y Congreso. Precedieron la conquista de fondos: obras de interés provincial, pagos de favores políticos, pactos obscuros, escándalos de corrupción, etc.

Para asegurar recursos surgieron las preasignaciones con Leyes como la del 15 % de ingresos del presupuesto para los seccionales, Fonsal, donación del 25 % del impuesto a la renta, ICE para agua potable y otras.

En promedio, entre 1994 y 1999 el gasto de los Gobiernos Seccionales fue 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Las transferencias a los seccionales fueron 7 % del gasto del presupuesto. Entre 2000 y 2006 su participación promedio en el PIB aumentó hasta el 4 % y a 17 % alcanzaron las transferencias en relación con el gasto presupuestario.

En los tres últimos años, las transferencias a los seccionales en relación al gasto presupuestario bajaron al 11 %, así como su participación del gasto público total. En 2009 las transferencias totales a Municipios y Consejos Provinciales serán unos $1 500 millones, menos del 3% del PIB, valor menor que el presupuesto de educación y algo superior al de defensa.

Los recursos para los Gobiernos Seccionales se han debilitado y el gobierno central se ha fortalecido. Su escasez de fondos es incompatible con la amplitud de sus responsabilidades.

Cualquier real proceso de autonomía y descentralización no será posible sin el reordenamiento del ingreso y gasto estatal para dotarles de más recursos y capacidades para generarlos, de acciones que los conviertan en polos de inversión y crecimiento, y de una clara cesión del poder central.