Desde este lunes se lleva a efecto en el auditórium del Centro Internacional de estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) el seminario internacional “Ciudadanía por los Derechos de la Comunicación” que busca aportar con enfoques diversos sobre lo que debería contemplar la Ley de Comunicación de acuerdo al nuevo orden constitucional y contexto socio cultural del país.
En el evento, al que asiste el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Fernando Alvarado, se tratan temas sobre derechos humanos y comunicación, mecanismos reguladores de tele-radiodifusión, derecho de acceso a la información, las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la nueva legislación de comunicación y la gestión del espectro radioeléctrico y el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión.
El expositor boliviano Carlos Camacho, indicó que en su país aún no existe una Ley de Comunicación, a pesar que en la Constitución de ese país se reconoce el derecho humano a la comunicación y a la información. Considera que es necesario que en este proceso de estructuración de la Ley de Comunicación participen todos los actores sociales posibles.
Camacho reconoce que una parte de los grandes medios de comunicación privados, de Bolivia, se han convertido en los principales opositores del Gobierno y que en base a intereses particulares económicos y políticos, ya han tomado parte del debate y la discusión. Por esto se pregunta “¿qué credibilidad puede tener la información que se genera desde un ámbito de oposición al Gobierno donde se genera y se teje cierta información, obviamente para perjudicar al Gobierno?”
Antes esto indica que los medios públicos se convierten en una opción, cuya principal función es incentivar la participación ciudadana y así buscar un equilibrio ya que no son propiedad del Gobierno sino de la sociedad.
Por su parte, el representante de Costa Rica, Carlos Cortez, señaló que la Ley, por sí misma, es un instrumento de la sociedad y que su éxito responderá al compromiso de los actores sociales para, entre otras cosas, garantizar la democratización del acceso al espectro radioeléctrico.
Dijo que en América Latina estos preceptos se cumplen parcialmente especialmente en el campo de concesión de radio y televisión, sin embargo, cree que con respecto a las nuevas tecnologías de información y comunicación, todavía es algo nuevo para la sociedad misma. “La propia legislación no tiene muy claro cómo abordar el tema, hay muchas pistas, hay muchos avances pero todavía falta una estructuración más orgánica que incluso junte telecomunicaciones y medios en un solo marco legislativo”, acotó Cortez.
Con respecto al momento actual que vive el Ecuador en el tema de comunicación, Cortez indica que desde afuera se mira con mucha atención este proceso “justamente por la participación de diversos sectores de la comunidad ecuatoriana, no solo como una medida que baja desde un Gobierno, sino como un consenso de una sociedad que formula los principios necesarios para un sistema mediático sano, pluralista y democrático”.
En el evento, al que asiste el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Fernando Alvarado, se tratan temas sobre derechos humanos y comunicación, mecanismos reguladores de tele-radiodifusión, derecho de acceso a la información, las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la nueva legislación de comunicación y la gestión del espectro radioeléctrico y el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión.
El expositor boliviano Carlos Camacho, indicó que en su país aún no existe una Ley de Comunicación, a pesar que en la Constitución de ese país se reconoce el derecho humano a la comunicación y a la información. Considera que es necesario que en este proceso de estructuración de la Ley de Comunicación participen todos los actores sociales posibles.
Camacho reconoce que una parte de los grandes medios de comunicación privados, de Bolivia, se han convertido en los principales opositores del Gobierno y que en base a intereses particulares económicos y políticos, ya han tomado parte del debate y la discusión. Por esto se pregunta “¿qué credibilidad puede tener la información que se genera desde un ámbito de oposición al Gobierno donde se genera y se teje cierta información, obviamente para perjudicar al Gobierno?”
Antes esto indica que los medios públicos se convierten en una opción, cuya principal función es incentivar la participación ciudadana y así buscar un equilibrio ya que no son propiedad del Gobierno sino de la sociedad.
Por su parte, el representante de Costa Rica, Carlos Cortez, señaló que la Ley, por sí misma, es un instrumento de la sociedad y que su éxito responderá al compromiso de los actores sociales para, entre otras cosas, garantizar la democratización del acceso al espectro radioeléctrico.
Dijo que en América Latina estos preceptos se cumplen parcialmente especialmente en el campo de concesión de radio y televisión, sin embargo, cree que con respecto a las nuevas tecnologías de información y comunicación, todavía es algo nuevo para la sociedad misma. “La propia legislación no tiene muy claro cómo abordar el tema, hay muchas pistas, hay muchos avances pero todavía falta una estructuración más orgánica que incluso junte telecomunicaciones y medios en un solo marco legislativo”, acotó Cortez.
Con respecto al momento actual que vive el Ecuador en el tema de comunicación, Cortez indica que desde afuera se mira con mucha atención este proceso “justamente por la participación de diversos sectores de la comunidad ecuatoriana, no solo como una medida que baja desde un Gobierno, sino como un consenso de una sociedad que formula los principios necesarios para un sistema mediático sano, pluralista y democrático”.
