El Ministerio de Relaciones Laborales integró una comisión para que analice un posible incremento del salario básico unificado.
El objetivo que tendrá esta comisión –explicó el ministro Richard Espinosa- será estudiar los parámetros económicos, tablas y medidas, que justifiquen esta alza.
Para establecer el monto, Espinosa propone, tentativamente, que se considere la canasta básica familiar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es de 521,73 dólares, sin dejar de tomar en cuenta el 1,6% de receptores de los ingresos; es decir, el 1,6% de personas que trabajan en un hogar.
Hasta el momento, el Ministro habló de una remuneración de US$ 320, aún en estudio, lo cual cubriría la necesidad básica.
Adelantó, también, que se reunirá con los empresarios. Esto con el fin de exponer estos temas con mayor profundidad. “Lo que buscamos es llegar a una remuneración digna -advirtió-, los salarios básicos y mínimos son un mal necesario, para no generar mayor desempleo”.
Santiago Yagual, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tiene su propio planteamiento, en cuanto al alza salarial. Considera que si bien este incremento es progresivo, en su primera etapa debería ser de US$ 60; es decir 278 dólares. “Allí estaríamos llevando progresivamente el salario hasta cubrir las necesidades que se tienen en una canasta básica”.
La dirigencia laboral se reunirá en los próximos días para analizar una resolución final. “Confiamos en que el Ministro atienda nuestros pedidos y, así, se revisen los salarios de la gente”.
Luis Dután, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), comparte el criterio. Para él, el ajuste salarial debe cubrir las necesidades de la canasta básica de 521,73 dólares.
Con el fin de conseguir aquello, Dután plantea que se analicen los índices inflacionarios para llegar a un monto real. Esto apoyado en el artículo 118 del Código del Trabajo, el cual establece que el Ministro de Trabajo y Empleo fijará el sueldo en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. Todo cuando el Consejo Nacional de Salarios - señala la Ley- no adoptare una resolución por consenso en la reunión convocada para el efecto.
Según Mesías Tatamuez, representante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), los salarios se deberán revisar y ajustar de acuerdo a las necesidades básicas.
Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, espera reunirse en los próximos días con el Ministro electo para que les explique cómo se llevará acabo el incremento. Para ellos, un alza tentativa de US$ 320 “no será factible, sobre todo en un momento en que la economía está en recesión”, dice.
En el tema del salario mínimo vital –advierte Aspiazu- no hay soluciones mágicas. Para el sector florícola analiza, por ejemplo, el salario es un componente que se equipara ahora al 50% de los costos. “En este momento, cuando hay pérdidas por competitividad, aumento de costos, caída de precios en el mercado internacional, hay que pensar qué incidencia tendría ese aumento en el sector, que por lo demás está por encima del crecimiento inflacionario”. Sin embargo, el ministro Espinosa enfatizó que el calculo aún es tentativo, el estudio oficial se conocerá luego de que la comisión presente un informe completo sobre este tema. La resolución final se tomará con base a los planteamientos políticos de un sueldo digno. Entrará en vigencia en el 2010.
El próximo 8 de septiembre, las centrales sindicales se volverán a reunir con el Ministro. Allí llevarán formalmente sus propuestas.
El primer acercamiento con esta Cartera fue el martes, en donde analizaron el decreto 1701, el cual busca controlar algunos excesos de la contratación colectiva en el sector público.
Ante este planteamiento, las centrales sindicales fueron claras. Tatamuez pidió la derogatoria del decreto.
Espinosa, en este sentido, fue claro. “No hemos hablado de una derogatoria -señaló- sino de propuestas claras de cómo vamos a manejar de ahora en adelante el cumplimiento del decreto, habrá que ver tecnológica y jurídicamente para no afectar todo lo que hasta el momento es legal, legítimo y justo”.
En el caso de los bonos y las compensaciones del sector público, Espinosa comentó que hay instituciones en donde hay excesos, “si es que por allí hay, lo vamos a ver, vamos a racionalizar esas remuneraciones y vamos a aumentar si no lo tienen”, señaló.
El objetivo que tendrá esta comisión –explicó el ministro Richard Espinosa- será estudiar los parámetros económicos, tablas y medidas, que justifiquen esta alza.
Para establecer el monto, Espinosa propone, tentativamente, que se considere la canasta básica familiar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es de 521,73 dólares, sin dejar de tomar en cuenta el 1,6% de receptores de los ingresos; es decir, el 1,6% de personas que trabajan en un hogar.
Hasta el momento, el Ministro habló de una remuneración de US$ 320, aún en estudio, lo cual cubriría la necesidad básica.
Adelantó, también, que se reunirá con los empresarios. Esto con el fin de exponer estos temas con mayor profundidad. “Lo que buscamos es llegar a una remuneración digna -advirtió-, los salarios básicos y mínimos son un mal necesario, para no generar mayor desempleo”.
Santiago Yagual, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tiene su propio planteamiento, en cuanto al alza salarial. Considera que si bien este incremento es progresivo, en su primera etapa debería ser de US$ 60; es decir 278 dólares. “Allí estaríamos llevando progresivamente el salario hasta cubrir las necesidades que se tienen en una canasta básica”.
La dirigencia laboral se reunirá en los próximos días para analizar una resolución final. “Confiamos en que el Ministro atienda nuestros pedidos y, así, se revisen los salarios de la gente”.
Luis Dután, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), comparte el criterio. Para él, el ajuste salarial debe cubrir las necesidades de la canasta básica de 521,73 dólares.
Con el fin de conseguir aquello, Dután plantea que se analicen los índices inflacionarios para llegar a un monto real. Esto apoyado en el artículo 118 del Código del Trabajo, el cual establece que el Ministro de Trabajo y Empleo fijará el sueldo en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. Todo cuando el Consejo Nacional de Salarios - señala la Ley- no adoptare una resolución por consenso en la reunión convocada para el efecto.
Según Mesías Tatamuez, representante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), los salarios se deberán revisar y ajustar de acuerdo a las necesidades básicas.
Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, espera reunirse en los próximos días con el Ministro electo para que les explique cómo se llevará acabo el incremento. Para ellos, un alza tentativa de US$ 320 “no será factible, sobre todo en un momento en que la economía está en recesión”, dice.
En el tema del salario mínimo vital –advierte Aspiazu- no hay soluciones mágicas. Para el sector florícola analiza, por ejemplo, el salario es un componente que se equipara ahora al 50% de los costos. “En este momento, cuando hay pérdidas por competitividad, aumento de costos, caída de precios en el mercado internacional, hay que pensar qué incidencia tendría ese aumento en el sector, que por lo demás está por encima del crecimiento inflacionario”. Sin embargo, el ministro Espinosa enfatizó que el calculo aún es tentativo, el estudio oficial se conocerá luego de que la comisión presente un informe completo sobre este tema. La resolución final se tomará con base a los planteamientos políticos de un sueldo digno. Entrará en vigencia en el 2010.
El próximo 8 de septiembre, las centrales sindicales se volverán a reunir con el Ministro. Allí llevarán formalmente sus propuestas.
El primer acercamiento con esta Cartera fue el martes, en donde analizaron el decreto 1701, el cual busca controlar algunos excesos de la contratación colectiva en el sector público.
Ante este planteamiento, las centrales sindicales fueron claras. Tatamuez pidió la derogatoria del decreto.
Espinosa, en este sentido, fue claro. “No hemos hablado de una derogatoria -señaló- sino de propuestas claras de cómo vamos a manejar de ahora en adelante el cumplimiento del decreto, habrá que ver tecnológica y jurídicamente para no afectar todo lo que hasta el momento es legal, legítimo y justo”.
En el caso de los bonos y las compensaciones del sector público, Espinosa comentó que hay instituciones en donde hay excesos, “si es que por allí hay, lo vamos a ver, vamos a racionalizar esas remuneraciones y vamos a aumentar si no lo tienen”, señaló.
