Un informe preliminar de la Veeduría Ciudadana, que fue integrada para vigilar los procesos precontractuales y contractuales entre el Estado y las empresas de Fabricio Correa, advierte que existió un abuso de los decretos de emergencia.
En el documento, entregado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los veedores consideran que los decretos de emergencia no estuvieron enmarcados en su propósito. Se dice que algunos, incluso, fueron mal aplicados.
De ahí que la Veeduría exhortó al presidente Rafael Correa para que los decretos sean ejecutados de manera transparente.
También hizo un llamado a la Función Legislativa para que incorpore mecanismos que regulen y controlen la contratación en estados de excepción.
En el análisis
Los veedores no escondieron su preocupación ante el desconocimiento del Presidente de la República sobre la adjudicación de los contratos con las empresas de Fabricio Correa.
Tampoco concebían que no exista una investigación prolija de los organismos de control a los funcionarios públicos que estuvieron inmersos en el proceso de contratación para determinar si hubo o no influencia en la adjudicación.
Cuestionamientos
La Veeduría Ciudadana calificó como inadecuada la posición del Jefe de Estado respecto a la terminación unilateral de los contratos con Fabricio Correa, por cuanto hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de los organismos de control.
En el informe preliminar, cuyas denuncias se ampliarían en unos 30 días, los veedores dejan sentado que sienten un malestar porque el Estado aún no cuente con políticas públicas de apoyo ni legislación que permita el desarrollo de la Veeduría ciudadana.
Falta transparencia
Los ‘observadores’ ciudadanos aseguran que las leyes, los reglamentos y la actitud de los funcionarios públicos han establecido un cerco “infranqueable” para el libre acceso a la información.
Pablo Chambers, coordinador de la Veeduría Ciudadana, explicó que al momento se analizan 11 contratos, cuyos montos están entre los 50 y 60 millones de dólares.
Al referirse a los estados de emergencia, Chambers dijo que el informe contiene cuestionamientos a la forma en que se están dando las emergencias, ya que muchos de los contratos han sido realizados durante los estados de excepción.
El observador agregó que sólo tres contratos dados en Petroecuador no están bajo el estado de excepción y el resto sí. “Eso implicaría que el sistema de contratación era diferente y no necesitaban seguir todos los pasos ni los informes previos de la Procuraduría y Contraloría”.
La Veeduría inició su trabajo el 2 de julio por pedido del presidente Rafael Correa.
César Cárdenas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pidió evidencias y precisiones a los veedores sobre las instituciones que se negaron a entregar información. También solicitó que se amplíe la información en torno a los decretos de emergencia que no estuvieron enmarcados en su propósito. El consejero manifestó que el informe preliminar contiene observaciones demasiado generales.
En el documento, entregado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los veedores consideran que los decretos de emergencia no estuvieron enmarcados en su propósito. Se dice que algunos, incluso, fueron mal aplicados.
De ahí que la Veeduría exhortó al presidente Rafael Correa para que los decretos sean ejecutados de manera transparente.
También hizo un llamado a la Función Legislativa para que incorpore mecanismos que regulen y controlen la contratación en estados de excepción.
En el análisis
Los veedores no escondieron su preocupación ante el desconocimiento del Presidente de la República sobre la adjudicación de los contratos con las empresas de Fabricio Correa.
Tampoco concebían que no exista una investigación prolija de los organismos de control a los funcionarios públicos que estuvieron inmersos en el proceso de contratación para determinar si hubo o no influencia en la adjudicación.
Cuestionamientos
La Veeduría Ciudadana calificó como inadecuada la posición del Jefe de Estado respecto a la terminación unilateral de los contratos con Fabricio Correa, por cuanto hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de los organismos de control.
En el informe preliminar, cuyas denuncias se ampliarían en unos 30 días, los veedores dejan sentado que sienten un malestar porque el Estado aún no cuente con políticas públicas de apoyo ni legislación que permita el desarrollo de la Veeduría ciudadana.
Falta transparencia
Los ‘observadores’ ciudadanos aseguran que las leyes, los reglamentos y la actitud de los funcionarios públicos han establecido un cerco “infranqueable” para el libre acceso a la información.
Pablo Chambers, coordinador de la Veeduría Ciudadana, explicó que al momento se analizan 11 contratos, cuyos montos están entre los 50 y 60 millones de dólares.
Al referirse a los estados de emergencia, Chambers dijo que el informe contiene cuestionamientos a la forma en que se están dando las emergencias, ya que muchos de los contratos han sido realizados durante los estados de excepción.
El observador agregó que sólo tres contratos dados en Petroecuador no están bajo el estado de excepción y el resto sí. “Eso implicaría que el sistema de contratación era diferente y no necesitaban seguir todos los pasos ni los informes previos de la Procuraduría y Contraloría”.
La Veeduría inició su trabajo el 2 de julio por pedido del presidente Rafael Correa.
César Cárdenas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pidió evidencias y precisiones a los veedores sobre las instituciones que se negaron a entregar información. También solicitó que se amplíe la información en torno a los decretos de emergencia que no estuvieron enmarcados en su propósito. El consejero manifestó que el informe preliminar contiene observaciones demasiado generales.
