Cuatro causales para la expropiación de terrenos rústicos contempla la Ley de Desarrollo Agrario en su artículo 43. Una de ellas establece que las tierras no explotadas (cultivadas) durante dos años consecutivos pasarán al Estado. Y en esta ley se basará el Gobierno para expropiar las tierras improductivas que existan a nivel nacional, aseguró el presidente de la República, Rafael Correa, en su último enlace radial.
Para ello, el régimen conformó una comisión que realizará un catastro nacional para conocer el estado de los terrenos. Los resultados se tendrán luego de seis meses, dijo el Mandatario tras asegurar que hay zonas en donde no se utiliza la tierra pese a que hay condiciones para sembrar. Por ejemplo, hay zonas a lo largo del trasvase de Cedegé desde Guayaquil hasta Santa Elena, mencionó.
Sin embargo, algunos sectores piden precisiones. Bolívar Cevallos, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, que agrupa a organizaciones productivas de la Sierra, dijo que en esta región hay tierras sin cultivar porque no existe la infraestructura adecuada.
“Los valles que tienen potencial agrícola, en su gran mayoría, se encuentran productivos y los que no lo están son los que no tienen acceso a riego”, aseguró Cevallos.
Aunque destacó que en ciudades como Tulcán o Imbabura se siembra sin tener libre acceso al líquido vital. “En estos lugares se espera el agua de las lluvias y esto en muchas ocasiones causa pérdidas porque no son constantes, como en mayo y junio que no se registran lluvias”, destacó.
Sin embargo, recomienda que el Gobierno empiece expropiando las tierras improductivas que pertenecen a instituciones estatales como el Ejército y la Agencia de Garantía de Depósitos.
Según la ley de Desarrollo Agrario, el INDA es el ente encargado de las expropiaciones
En cambio, Luis Salvador Andrade, presidente de la Cámara de Agricultura de la segunda zona, que agrupa a las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos, calificó de positiva esta iniciativa presidencial.
Sin embargo dijo que este procedimiento no se puede aplicar sin capacitación previa. “Es necesario capacitar a los propietarios de las tierras para que sepan cuál es el potencial de sus terrenos”, aseguró Salvador.
“(La capacitación) es una herramienta básica para que los agricultores saquen provecho de sus tierras, hay un terreno idóneo para cada producto y la solución para el desperdicio de terrenos es la capacitación”, recalcó.
Adicionalmente Salvador acotó que es indispensable otorgar créditos. “Una persona que sabe qué sembrar y que cuenta con un capital para hacerlo no tendría un terreno abandonado, eso sería ilógico”.
Si se hace de esta forma todo el país sería productor de alimentos y se cumpliría la política de seguridad alimentaria a la que todos apuntamos, recalcó .
En cuanto a la improductividad de las tierras cercanas del trasvase de Cedegé, recalcó que el objetivo de esta iniciativa era que se convirtiera en el granero de América, lo que no sucedío por el alto costo del agua que, según el empresario, aún se mantiene. Otro factor fue la ausencia de planificación para sembrar y la falta de capital.
Salvador recordó que en este lugar se sembró cebolla perla en exceso, lo que hizo que cayera el precio del producto. “Lo correcto es sembrar de una forma cíclica para que no se abarrote el mercado y se perjudique la producción de un solo alimento”, dijo.
Mientras que Miltón Yulán, representante de la Unión de Organizaciones de pequeños agricultores autónomos de la Costa “Tierra y Vida”, manifestó que la decisión es positiva, pues miles de hectáreas de terreno pueden ser destinadas a comunidades.
Yulán resaltó que esta iniciativa puede unirse al Plan Hacienda del Gobierno, mediante el cual terrenos de bancos cerrados, ahora bajo el poder de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), están pasando al manejo de grupos de agricultores.
Además citó el artículo 48 de la Ley Agraria que prohíbe a las instituciones públicas tener terrenos destinados a la producción.
Según la Ley de Desarrollo Agrario, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) es el ente encargado de las expropiaciones.
Para ello, el régimen conformó una comisión que realizará un catastro nacional para conocer el estado de los terrenos. Los resultados se tendrán luego de seis meses, dijo el Mandatario tras asegurar que hay zonas en donde no se utiliza la tierra pese a que hay condiciones para sembrar. Por ejemplo, hay zonas a lo largo del trasvase de Cedegé desde Guayaquil hasta Santa Elena, mencionó.
Sin embargo, algunos sectores piden precisiones. Bolívar Cevallos, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, que agrupa a organizaciones productivas de la Sierra, dijo que en esta región hay tierras sin cultivar porque no existe la infraestructura adecuada.
“Los valles que tienen potencial agrícola, en su gran mayoría, se encuentran productivos y los que no lo están son los que no tienen acceso a riego”, aseguró Cevallos.
Aunque destacó que en ciudades como Tulcán o Imbabura se siembra sin tener libre acceso al líquido vital. “En estos lugares se espera el agua de las lluvias y esto en muchas ocasiones causa pérdidas porque no son constantes, como en mayo y junio que no se registran lluvias”, destacó.
Sin embargo, recomienda que el Gobierno empiece expropiando las tierras improductivas que pertenecen a instituciones estatales como el Ejército y la Agencia de Garantía de Depósitos.
Según la ley de Desarrollo Agrario, el INDA es el ente encargado de las expropiaciones
En cambio, Luis Salvador Andrade, presidente de la Cámara de Agricultura de la segunda zona, que agrupa a las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos, calificó de positiva esta iniciativa presidencial.
Sin embargo dijo que este procedimiento no se puede aplicar sin capacitación previa. “Es necesario capacitar a los propietarios de las tierras para que sepan cuál es el potencial de sus terrenos”, aseguró Salvador.
“(La capacitación) es una herramienta básica para que los agricultores saquen provecho de sus tierras, hay un terreno idóneo para cada producto y la solución para el desperdicio de terrenos es la capacitación”, recalcó.
Adicionalmente Salvador acotó que es indispensable otorgar créditos. “Una persona que sabe qué sembrar y que cuenta con un capital para hacerlo no tendría un terreno abandonado, eso sería ilógico”.
Si se hace de esta forma todo el país sería productor de alimentos y se cumpliría la política de seguridad alimentaria a la que todos apuntamos, recalcó .
En cuanto a la improductividad de las tierras cercanas del trasvase de Cedegé, recalcó que el objetivo de esta iniciativa era que se convirtiera en el granero de América, lo que no sucedío por el alto costo del agua que, según el empresario, aún se mantiene. Otro factor fue la ausencia de planificación para sembrar y la falta de capital.
Salvador recordó que en este lugar se sembró cebolla perla en exceso, lo que hizo que cayera el precio del producto. “Lo correcto es sembrar de una forma cíclica para que no se abarrote el mercado y se perjudique la producción de un solo alimento”, dijo.
Mientras que Miltón Yulán, representante de la Unión de Organizaciones de pequeños agricultores autónomos de la Costa “Tierra y Vida”, manifestó que la decisión es positiva, pues miles de hectáreas de terreno pueden ser destinadas a comunidades.
Yulán resaltó que esta iniciativa puede unirse al Plan Hacienda del Gobierno, mediante el cual terrenos de bancos cerrados, ahora bajo el poder de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), están pasando al manejo de grupos de agricultores.
Además citó el artículo 48 de la Ley Agraria que prohíbe a las instituciones públicas tener terrenos destinados a la producción.
Según la Ley de Desarrollo Agrario, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) es el ente encargado de las expropiaciones.
