El Código de Organización Territorial y Gobiernos Autónomos que elabora el Ejecutivo no convence a los gobiernos locales. A sus representantes les preocupa una eventual disminución de recursos y la falta de claridad en la ejecución de competencias.
En las últimas dos semanas, el debate del proyecto cobró fuerza desde Guayaquil, principal bastión de oposición del Régimen. Allí hubo tres reuniones en las que ocho prefectos electos, alcaldes de Guayas y líderes de otras cinco provincias se mostraron disconformes ante el proyecto que denominaron “centralista”. Uno de ellos es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
En medio de estas críticas y después de diálogos políticos con asambleístas electos del Movimiento Municipalista, agrupados en la coalición Acuerdo para la
Descentralización y Equidad (ADE), el Gobierno decidió retirar el Código de la Asamblea.
La distribución de recursos es uno de los cambios que prepara el Ejecutivo, antes de enviarlo de nuevo a la Asamblea. Todo indica que esta modificación será a través de la Ley de Finanzas Públicas, para establecer el mecanismo que determinará los porcentajes.
Antes del retiro del proyecto se determinaba directamente el 22% para los gobiernos regionales, 21% para los provinciales, 52% a los municipales y 5% a las juntas parroquiales. Además, el Código planteaba la eliminación de cinco leyes, entre ellas la del 15% del Presupuesto, que era una fuente de recursos de los gobiernos seccionales. Sin embargo, hasta que no esté lista la Ley de Finanzas Públicas, el Gobierno mantendrá el actual mecanismo de transferencia de los fondos.
Según Jhony Terán, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), de concretarse los cambios que plantea el Ejecutivo se restarían al menos USD 500 millones a los cabildos. La razón: los fondos se repartirán también entre las nuevas regiones y juntas parroquiales. Julio Cosmito Chávez, titular de las juntas, aspira que reciban al menos el 15% de los recursos de los gobiernos locales.
Pero para Gustavo Darquea, titular de la Comisión de Organización Territorial del ‘Congresillo’, no puede haber disminución de recursos. Explica que la disposición 14 de la Constitución establece que el monto de transferencias del Estado central a los gobiernos autónomos no será menor a lo asignado en 2008.
Respecto a la asignación de competencias, el Ejecutivo propone un nuevo modelo autonómico en el que el Gobierno fija las políticas generales. Establece competencias exclusivas para cada nivel de gobierno (regional, provincial, cantonal, rural).
Según el asambleísta oficialista Fernando Burbano, este modelo tiene como eje la optimización de recursos y se aleja del actual en el que “la desconcentración de competencias ha favorecido a ciertos grupos”.
Pero para el concejal de Quito, Fernando Carrión, la existencia de los nuevos niveles de gobierno hace difícil establecer las competencias y recursos. Señala que a los cuatro niveles hay que sumar los distritos metropolitanos (Quito y Guayaquil) y el régimen especial (Galápagos).
Se pregunta ¿cómo se asignarán los recursos a los distritos metropolitanos? Es decir, si se le darán los fondos que le corresponderían como cantón o como una región. “Si bien puede haber una descentralización de recursos en términos de niveles, en términos territoriales puede haber una gran concentración”.
Por otro lado, los prefectos creen que con la regionalización los gobiernos provinciales desaparecerán. Esto porque las regiones repiten siete de las nueve competencias de las prefecturas. Entre ellas el mantenimiento vial, dijo Jimmy Jairala, prefecto electo de Guayas. Por eso Carrión cree indispensable que el Código defina las diferencias entre función, competencia y atribución.
En las últimas dos semanas, el debate del proyecto cobró fuerza desde Guayaquil, principal bastión de oposición del Régimen. Allí hubo tres reuniones en las que ocho prefectos electos, alcaldes de Guayas y líderes de otras cinco provincias se mostraron disconformes ante el proyecto que denominaron “centralista”. Uno de ellos es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
En medio de estas críticas y después de diálogos políticos con asambleístas electos del Movimiento Municipalista, agrupados en la coalición Acuerdo para la
Descentralización y Equidad (ADE), el Gobierno decidió retirar el Código de la Asamblea.
La distribución de recursos es uno de los cambios que prepara el Ejecutivo, antes de enviarlo de nuevo a la Asamblea. Todo indica que esta modificación será a través de la Ley de Finanzas Públicas, para establecer el mecanismo que determinará los porcentajes.
Antes del retiro del proyecto se determinaba directamente el 22% para los gobiernos regionales, 21% para los provinciales, 52% a los municipales y 5% a las juntas parroquiales. Además, el Código planteaba la eliminación de cinco leyes, entre ellas la del 15% del Presupuesto, que era una fuente de recursos de los gobiernos seccionales. Sin embargo, hasta que no esté lista la Ley de Finanzas Públicas, el Gobierno mantendrá el actual mecanismo de transferencia de los fondos.
Según Jhony Terán, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), de concretarse los cambios que plantea el Ejecutivo se restarían al menos USD 500 millones a los cabildos. La razón: los fondos se repartirán también entre las nuevas regiones y juntas parroquiales. Julio Cosmito Chávez, titular de las juntas, aspira que reciban al menos el 15% de los recursos de los gobiernos locales.
Pero para Gustavo Darquea, titular de la Comisión de Organización Territorial del ‘Congresillo’, no puede haber disminución de recursos. Explica que la disposición 14 de la Constitución establece que el monto de transferencias del Estado central a los gobiernos autónomos no será menor a lo asignado en 2008.
Respecto a la asignación de competencias, el Ejecutivo propone un nuevo modelo autonómico en el que el Gobierno fija las políticas generales. Establece competencias exclusivas para cada nivel de gobierno (regional, provincial, cantonal, rural).
Según el asambleísta oficialista Fernando Burbano, este modelo tiene como eje la optimización de recursos y se aleja del actual en el que “la desconcentración de competencias ha favorecido a ciertos grupos”.
Pero para el concejal de Quito, Fernando Carrión, la existencia de los nuevos niveles de gobierno hace difícil establecer las competencias y recursos. Señala que a los cuatro niveles hay que sumar los distritos metropolitanos (Quito y Guayaquil) y el régimen especial (Galápagos).
Se pregunta ¿cómo se asignarán los recursos a los distritos metropolitanos? Es decir, si se le darán los fondos que le corresponderían como cantón o como una región. “Si bien puede haber una descentralización de recursos en términos de niveles, en términos territoriales puede haber una gran concentración”.
Por otro lado, los prefectos creen que con la regionalización los gobiernos provinciales desaparecerán. Esto porque las regiones repiten siete de las nueve competencias de las prefecturas. Entre ellas el mantenimiento vial, dijo Jimmy Jairala, prefecto electo de Guayas. Por eso Carrión cree indispensable que el Código defina las diferencias entre función, competencia y atribución.
