El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Fander Falconí, a nombre del Gobierno ecuatoriano, ratifica que Ecuador es un país de paz, respetuoso de los derechos humanos y firmemente comprometido con la solución pacífica de controversias y con el Derecho Internacional. Por ello, jamás ha agredido, de ninguna manera, a la República de Colombia.
Agresiones son las perpetradas por el gobierno colombiano a los compatriotas y al territorio del Ecuador, desde el 2006, y sobre todo, el 1 de marzo de 2008, las cuales Ecuador ha respondido por la vía del Derecho Internacional.
“Ecuador ha mostrado estos compromisos jurídicos y éticos mediante la demanda de admisibilidad planteada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla producida por la incursión armada, invasión y ocupación de territorio nacional, el 1 de marzo de 2008. También, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia para lograr la reparación de los efectos producidos por las aspersiones aéreas de glifosato en la frontera común, que afectaron la salud de los pobladores de la zona, sus medios de sustento y la ecología de la región”, sostuvo el Canciller.
El Ministro ecuatoriano expresó que organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río “rechazaron la violación a la integridad territorial de Ecuador y reafirmaron el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y que no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”.
El Gobierno ecuatoriano reitera, dijo el Ministro Falconí, que Ecuador es un país democrático en el que impera el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y que respeta la independencia de poderes. El Gobierno nacional no interfiere en las demás funciones del Estado y, por ende, el proceso de investigación que se inició a raíz del bombardeo colombiano en territorio nacional sigue su curso natural, sin interferencia. En consecuencia, la orden de detención solicitada con fines de indagación, en contra de un ciudadano colombiano es parte de un proceso judicial legítimo, que cumple con todos los requisitos constitucionales y legales del debido proceso, del derecho a la defensa y con la plena garantía del principio de inocencia.
“Ecuador ha sufrido múltiples agresiones por parte del Gobierno colombiano y de grupos irregulares que entre ellos se han enfrentado con inusitada violencia durante años, y no permitirá que desde el exterior se pretenda coartar el derecho a encontrar la verdad y la justicia”, dijo el Canciller. Por ello, el Gobierno del Ecuador rechaza la acción en contra del Presidente de la República, Rafael Correa, que, mediante una demanda interpuesta por un grupo de abogados colombianos en ejercicio privado, acusa al Presidente de la República del Ecuador de “vínculos con el grupo irregular de las FARC”. Esa iniciativa, valiéndose de un recurso judicial, solo ahondará las diferencias políticas entre los dos países.
Agresiones son las perpetradas por el gobierno colombiano a los compatriotas y al territorio del Ecuador, desde el 2006, y sobre todo, el 1 de marzo de 2008, las cuales Ecuador ha respondido por la vía del Derecho Internacional.
“Ecuador ha mostrado estos compromisos jurídicos y éticos mediante la demanda de admisibilidad planteada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla producida por la incursión armada, invasión y ocupación de territorio nacional, el 1 de marzo de 2008. También, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia para lograr la reparación de los efectos producidos por las aspersiones aéreas de glifosato en la frontera común, que afectaron la salud de los pobladores de la zona, sus medios de sustento y la ecología de la región”, sostuvo el Canciller.
El Ministro ecuatoriano expresó que organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río “rechazaron la violación a la integridad territorial de Ecuador y reafirmaron el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y que no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”.
El Gobierno ecuatoriano reitera, dijo el Ministro Falconí, que Ecuador es un país democrático en el que impera el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y que respeta la independencia de poderes. El Gobierno nacional no interfiere en las demás funciones del Estado y, por ende, el proceso de investigación que se inició a raíz del bombardeo colombiano en territorio nacional sigue su curso natural, sin interferencia. En consecuencia, la orden de detención solicitada con fines de indagación, en contra de un ciudadano colombiano es parte de un proceso judicial legítimo, que cumple con todos los requisitos constitucionales y legales del debido proceso, del derecho a la defensa y con la plena garantía del principio de inocencia.
“Ecuador ha sufrido múltiples agresiones por parte del Gobierno colombiano y de grupos irregulares que entre ellos se han enfrentado con inusitada violencia durante años, y no permitirá que desde el exterior se pretenda coartar el derecho a encontrar la verdad y la justicia”, dijo el Canciller. Por ello, el Gobierno del Ecuador rechaza la acción en contra del Presidente de la República, Rafael Correa, que, mediante una demanda interpuesta por un grupo de abogados colombianos en ejercicio privado, acusa al Presidente de la República del Ecuador de “vínculos con el grupo irregular de las FARC”. Esa iniciativa, valiéndose de un recurso judicial, solo ahondará las diferencias políticas entre los dos países.
