El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, desmintió las acusaciones que realizó el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Mauro Terán en su contra.
Según Terán, Mera ejerce ilegalmente su profesión de abogado al actuar como apoderado judicial de la empresa chilena Rancho Blanco y como procurador judicial del presidente Correa ante la demanda que interpuso al diario La Hora, a pesar de que eso está prohibido.
Sus acusaciones se basan en el art. 150 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que prohíbe el ejercicio de la profesión a los funcionarios con rango de ministros. Dicha ley estaba vigente antes de la aprobación del Código Orgánico de la Función Judicial.
A ello, Mera respondió que fue apoderado de esta empresa chilena hasta cuatro días antes de que fuera nombrado secretario jurídico, lo que ocurrió el 15 de enero de 2007.
"Puedo demostrarlo con documentación. En cambio, el fallo de los ex magistrados Mauro Terán, Manuel Sánchez y Víctor Cabrera hacia la apelación que ejecuté como representante de Rancho Blanco carece de sustento porque ni siquiera han revisado la ley chilena", señaló.
Aseguró que impugnó la candidatura de Sánchez para magistrado como cualquier ciudadano que tiene derecho a ejecutar esa acción en los concursos de méritos y oposición que realiza el Estado.
Además, calificó de mentiroso a Terán por haber alegado que Mera presionaba a sus compañeros de sala y dijo que nunca ha cruzado palabra con ellos.
En referencia al segundo caso, el secretario jurídico aclaró que sí podía patrocinar al primer mandatario en la demanda a diario La Hora porque ese proceso lo interpuso Rafael Correa como jefe de Estado y no en calidad de persona natural.
"Mi cargo se centra en defender al mandatario. Por algo soy el abogado de la Presidencia. Por ejemplo, yo no puedo defender al presidente si las demandas son realizadas en contra de su persona", explicó.
Sobre las denuncias de tráfico de influencias emitidas por Fabricio Correa en su contra, alegó que el hermano del presidente está convencido de que la forma en que mantenía los contratos con el Estado es correcta y que ahora se desquita porque cree que Mera ordenó a Expreso realizar aquella investigación en su contra.
Según Terán, Mera ejerce ilegalmente su profesión de abogado al actuar como apoderado judicial de la empresa chilena Rancho Blanco y como procurador judicial del presidente Correa ante la demanda que interpuso al diario La Hora, a pesar de que eso está prohibido.
Sus acusaciones se basan en el art. 150 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que prohíbe el ejercicio de la profesión a los funcionarios con rango de ministros. Dicha ley estaba vigente antes de la aprobación del Código Orgánico de la Función Judicial.
A ello, Mera respondió que fue apoderado de esta empresa chilena hasta cuatro días antes de que fuera nombrado secretario jurídico, lo que ocurrió el 15 de enero de 2007.
"Puedo demostrarlo con documentación. En cambio, el fallo de los ex magistrados Mauro Terán, Manuel Sánchez y Víctor Cabrera hacia la apelación que ejecuté como representante de Rancho Blanco carece de sustento porque ni siquiera han revisado la ley chilena", señaló.
Aseguró que impugnó la candidatura de Sánchez para magistrado como cualquier ciudadano que tiene derecho a ejecutar esa acción en los concursos de méritos y oposición que realiza el Estado.
Además, calificó de mentiroso a Terán por haber alegado que Mera presionaba a sus compañeros de sala y dijo que nunca ha cruzado palabra con ellos.
En referencia al segundo caso, el secretario jurídico aclaró que sí podía patrocinar al primer mandatario en la demanda a diario La Hora porque ese proceso lo interpuso Rafael Correa como jefe de Estado y no en calidad de persona natural.
"Mi cargo se centra en defender al mandatario. Por algo soy el abogado de la Presidencia. Por ejemplo, yo no puedo defender al presidente si las demandas son realizadas en contra de su persona", explicó.
Sobre las denuncias de tráfico de influencias emitidas por Fabricio Correa en su contra, alegó que el hermano del presidente está convencido de que la forma en que mantenía los contratos con el Estado es correcta y que ahora se desquita porque cree que Mera ordenó a Expreso realizar aquella investigación en su contra.
