El Gobierno dio anoche por terminado un convenio con la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) que otorgaba a ese organismo un estatus de privilegios e inmunidades.
El acuerdo que fue suscrito el 20 de septiembre de 1990, con una modificación el 9 de febrero de 1998, quedó sin validez, tras las presuntas vinculaciones de la Aldhu con el caso de José Ignacio Chauvín.
El documento difundido por la Cancillería refiere que “mediante Decreto Ejecutivo, el presidente (Rafael Correa) y el Ministro de Relaciones Exteriores (Fander Falconí) dieron por terminado el acuerdo, en el marco de una política que busca recuperar las capacidades de regulación y gestión del Estado, en todos sus órdenes”.
A través de esta medida se derogan privilegios: inmunidad de jurisdicción, el sometimiento a fiscalización, reglamentaciones, moratorias y otras medidas.
Además, se elimina la posibilidad de que la Aldhu tenga bienes libres de impuestos e importaciones exentas de derechos de aduana, impuestos o gravámenes, etc. También a bienes libres de impuestos a contratos para adquisición, venta o permuta de los inmuebles destinados al uso oficial.
El Ejecutivo aclaró que la Aldhu puede continuar laborando en el país con total libertad, como otras organizaciones de derechos humanos, pero en el marco de las garantías que dispone la Constitución.
“Con esta medida, el Gobierno ecuatoriano coloca a todas las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos en igualdad de condiciones, sin privilegios ni distinciones especiales”, dice la comunicación oficial.
A nivel del régimen esto se conoció avanzada la noche, luego de una reunión que Correa mantuvo con su canciller, Fander Falconí. El ministro de Seguridad Interna y Externa Miguel Carvajal, señaló desconocer el contenido del decreto, aunque funcionarios de la Aldhu le expresaron su preocupación por la decisión.
Hasta el país llegó Juan Pablo Letelier, vicepresidente de Aldhu en América, en busca de una reunión con el Jefe de Estado, que todavía no se concreta.
Por su parte, Juan de Dios Parra anunció que se decidió trasladar la sede de la Aldhu hasta Montevideo (Uruguay), a fin de mantener las operaciones en esa nación. ( EXPRESO)
El acuerdo que fue suscrito el 20 de septiembre de 1990, con una modificación el 9 de febrero de 1998, quedó sin validez, tras las presuntas vinculaciones de la Aldhu con el caso de José Ignacio Chauvín.
El documento difundido por la Cancillería refiere que “mediante Decreto Ejecutivo, el presidente (Rafael Correa) y el Ministro de Relaciones Exteriores (Fander Falconí) dieron por terminado el acuerdo, en el marco de una política que busca recuperar las capacidades de regulación y gestión del Estado, en todos sus órdenes”.
A través de esta medida se derogan privilegios: inmunidad de jurisdicción, el sometimiento a fiscalización, reglamentaciones, moratorias y otras medidas.
Además, se elimina la posibilidad de que la Aldhu tenga bienes libres de impuestos e importaciones exentas de derechos de aduana, impuestos o gravámenes, etc. También a bienes libres de impuestos a contratos para adquisición, venta o permuta de los inmuebles destinados al uso oficial.
El Ejecutivo aclaró que la Aldhu puede continuar laborando en el país con total libertad, como otras organizaciones de derechos humanos, pero en el marco de las garantías que dispone la Constitución.
“Con esta medida, el Gobierno ecuatoriano coloca a todas las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos en igualdad de condiciones, sin privilegios ni distinciones especiales”, dice la comunicación oficial.
A nivel del régimen esto se conoció avanzada la noche, luego de una reunión que Correa mantuvo con su canciller, Fander Falconí. El ministro de Seguridad Interna y Externa Miguel Carvajal, señaló desconocer el contenido del decreto, aunque funcionarios de la Aldhu le expresaron su preocupación por la decisión.
Hasta el país llegó Juan Pablo Letelier, vicepresidente de Aldhu en América, en busca de una reunión con el Jefe de Estado, que todavía no se concreta.
Por su parte, Juan de Dios Parra anunció que se decidió trasladar la sede de la Aldhu hasta Montevideo (Uruguay), a fin de mantener las operaciones en esa nación. ( EXPRESO)
