De repente la Unidad de Investigaciones Especiales UIES, la élite de la Policía Nacional, que trabajaba con los mejores recursos, la mayor de las reservas y total independencia, se quedó sin viáticos, teléfonos celulares, computadoras, vehículos, casas de seguridad y todo tipo de logística que era necesidad básica para su trabajo de inteligencia para combatir el narcotráfico y a la guerrilla.
Sus principales directores fueron descabezados y enviados a otros puestos de menor jerarquía y se evidencia el rechazo gubernamental a la Unidad, debido a la ayuda que recibía de la embajada estadounidense. Las constantes denuncias de la infiltración de la CIA en el selecto grupo de 99 uniformados minaron su fortaleza.
El ex director de Inteligencia del Ejército, coronel (SP) Mario Pazmiño, aseguró que fue Silva quien 30 minutos después del ataque a Angostura, el pasado 1 de marzo, llamó a Rommy Vallejo, jefe de seguridad de la Presidencia y le comunicó del suceso. Pero la información solo fue proporcionada al presidente Rafael Correa varias horas después de lo sucedido.
Para ellos, la situación de la Unidad se precipitó al fondo, luego de que el caso de los hermanos Ostaiza Amay y sus relaciones con el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, se hicieron públicos.
En las investigaciones aparecieron las relaciones políticas y financieras de los involucrados en el caso que se originó en el operativo “Huracán de la Frontera” en septiembre del 2008. Sobre el tema los miembros de la UIES solo atinaron a decir a la prensa que no estaban autorizados a brindar información, aunque desde un inicio se sabía que el operativo tendría vinculaciones políticas futuras.
El descalabro de la UIES se inició en 2007 cuando al menos 29 de sus miembros fueron trasladados a la Presidencia al mando de Rommy Vallejo y José Luis Cortázar, quienes lideraban la Unidad Anticorrupción y la seguridad presidencial. La orden redujo a la UIES en Pichincha a solo 46 uniformados, mientras que 24 permanecieron en Guayas.
