De repente la Unidad de Investigaciones Especiales UIES, la elite de la Policía Nacional, que trabajaba con los mejores recursos, la mayor de las reservas y total independencia, se quedó sin viáticos, teléfonos celulares, computadoras, vehículos, casas de seguridad y todo tipo de logística que era necesidad básica para su trabajo de inteligencia para combatir el narcotráfico y a la guerrilla.
Sus principales directores fueron descabezados y enviados a otros puestos de menor jerarquía y se evidencia el rechazo gubernamental a la Unidad, debido a la ayuda que recibía de la embajada estadounidense. Las constantes denuncias de la infiltración de la CIA en el selecto grupo de 99 uniformados minaron su fortaleza.
Su último jefe, el mayor Manuel Silva, es acusado de proporcionar información reservada de la Unidad a la Embajada de Estados Unidos, entidad que apoyaba económica y tecnológicamente a los uniformados en sus investigaciones.
El ex director de Inteligencia del Ejército, coronel (SP) Mario Pazmiño, aseguró que fue Silva quien 30 minutos después del ataque a Angostura, el pasado 1 de marzo, llamó a Rommy Vallejo, jefe de seguridad de la Presidencia y le comunicó del suceso. Pero la información solo fue proporcionada al presidente Rafael Correa varias horas después de lo sucedido.
Por todos estos hechos, ahora en investigación, los policías de la UIES capacitados en el exterior y reconocidos con condecoraciones fueron transferidos y otros simplemente están desocupados, a la espera de recibir nuevas órdenes. “Haríamos más si salimos a pitar a la calle”, dice uno de los miembros de esa fuerza que debe guardar total reserva.
Para ellos, la situación de la Unidad se precipitó al fondo, luego de que el caso de los hermanos Ostaiza Amay y sus relaciones con el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, se hicieron públicos.
En las investigaciones aparecieron las relaciones políticas y financieras de los involucrados en el caso que se originó en el operativo “Huracán de la Frontera” en septiembre del 2008. Sobre el tema los miembros de la UIES solo atinaron a decir a la prensa que no estaban autorizados a brindar información, aunque desde un inicio se sabía que el operativo tendría vinculaciones políticas futuras.
El descalabro de la UIES se inició en 2007 cuando al menos 29 de sus miembros fueron trasladados a la Presidencia al mando de Rommy Vallejo y José Luis Cortázar, quienes lideraban la Unidad Anticorrupción y la seguridad presidencial. La orden redujo a la UIES en Pichincha a solo 46 uniformados, mientras que 24 permanecieron en Guayas.
Pese a la reducción de personal “la búsqueda, procesamiento y utilización de la información que permita identificar, investigar, neutralizar y desarticular a las organizaciones de narcotraficantes y subversivas, tanto en el ámbito nacional como internacional”, como dice su mandato, continuó vigente.
Pero en la institución nadie quiere hablar de ellos. El propio jefe de Personal policial, Jorge Erazo, se negó a proporcionar datos de la Unidad.
Fuentes policiales aseguran que antes del presidente Correa, la UIES coordinaba su agenda directamente en la Presidencia de la República. Situación que cambió en el actual Gobierno, cuando pasó a órdenes de la Comandancia. Incluso Jaime Hurtado, comandante general, minimizó su labor señalando que “los logros en la lucha al narcotráfico eran de toda la Policía”. Diplomático investigadoExtraoficialmente se conoce que el régimen del presidente Rafael Correa investiga a Max Sullivan, funcionario de la Embajada estadounidense en Quito. El diplomático es el blanco de las pesquisas que realizan agentes de Inteligencia de la Policía. Se desconoce si los investigadores son miembros de la UIES.
Sus principales directores fueron descabezados y enviados a otros puestos de menor jerarquía y se evidencia el rechazo gubernamental a la Unidad, debido a la ayuda que recibía de la embajada estadounidense. Las constantes denuncias de la infiltración de la CIA en el selecto grupo de 99 uniformados minaron su fortaleza.
Su último jefe, el mayor Manuel Silva, es acusado de proporcionar información reservada de la Unidad a la Embajada de Estados Unidos, entidad que apoyaba económica y tecnológicamente a los uniformados en sus investigaciones.
El ex director de Inteligencia del Ejército, coronel (SP) Mario Pazmiño, aseguró que fue Silva quien 30 minutos después del ataque a Angostura, el pasado 1 de marzo, llamó a Rommy Vallejo, jefe de seguridad de la Presidencia y le comunicó del suceso. Pero la información solo fue proporcionada al presidente Rafael Correa varias horas después de lo sucedido.
Por todos estos hechos, ahora en investigación, los policías de la UIES capacitados en el exterior y reconocidos con condecoraciones fueron transferidos y otros simplemente están desocupados, a la espera de recibir nuevas órdenes. “Haríamos más si salimos a pitar a la calle”, dice uno de los miembros de esa fuerza que debe guardar total reserva.
Para ellos, la situación de la Unidad se precipitó al fondo, luego de que el caso de los hermanos Ostaiza Amay y sus relaciones con el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, se hicieron públicos.
En las investigaciones aparecieron las relaciones políticas y financieras de los involucrados en el caso que se originó en el operativo “Huracán de la Frontera” en septiembre del 2008. Sobre el tema los miembros de la UIES solo atinaron a decir a la prensa que no estaban autorizados a brindar información, aunque desde un inicio se sabía que el operativo tendría vinculaciones políticas futuras.
El descalabro de la UIES se inició en 2007 cuando al menos 29 de sus miembros fueron trasladados a la Presidencia al mando de Rommy Vallejo y José Luis Cortázar, quienes lideraban la Unidad Anticorrupción y la seguridad presidencial. La orden redujo a la UIES en Pichincha a solo 46 uniformados, mientras que 24 permanecieron en Guayas.
Pese a la reducción de personal “la búsqueda, procesamiento y utilización de la información que permita identificar, investigar, neutralizar y desarticular a las organizaciones de narcotraficantes y subversivas, tanto en el ámbito nacional como internacional”, como dice su mandato, continuó vigente.
Pero en la institución nadie quiere hablar de ellos. El propio jefe de Personal policial, Jorge Erazo, se negó a proporcionar datos de la Unidad.
Fuentes policiales aseguran que antes del presidente Correa, la UIES coordinaba su agenda directamente en la Presidencia de la República. Situación que cambió en el actual Gobierno, cuando pasó a órdenes de la Comandancia. Incluso Jaime Hurtado, comandante general, minimizó su labor señalando que “los logros en la lucha al narcotráfico eran de toda la Policía”. Diplomático investigadoExtraoficialmente se conoce que el régimen del presidente Rafael Correa investiga a Max Sullivan, funcionario de la Embajada estadounidense en Quito. El diplomático es el blanco de las pesquisas que realizan agentes de Inteligencia de la Policía. Se desconoce si los investigadores son miembros de la UIES.
