Quito, 19 de febrero de 2009. Delegaciones de los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía mantuvieron una reunión de trabajo en la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social. En el marco de las consultas sobre el contenido del proyecto urgente sobre reformas a la seguridad social, los delegados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional coincidieron en que la contribución del 60% subsidiada por el Estado a sus pensiones de retiro militar y policial se mantenga cuando el jubilado retorne al mercado laboral en el sector privado.
El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Fabián Varela, mencionó que está de acuerdo que las reformas del proyecto urgente se aplique cuando los militares jubilados se integran a instituciones del sector público, pero de ninguna manera cuando consiguen su trabajo en el sector privado.
Sin embargo, los representantes de la Fuerzas Armadas, subrayaron que las reformas atentarían contra el artículo 11, numeral 6 de la Constitución, considerando que las pensiones jubilares constituyen derechos inalienables y irrenunciables.
Informó que actualmente existen 22.136 militares pensionistas, de ello 15.729 tienen entre 41 y 65 años de edad, a la vez que señaló que del total de pensionistas el 88% es personal de tropa, que son ciudadanos potencialmente productivos.
Añadió que en América Latina en El Salvador, Bolivia y Ecuador, el aporte por parte del Estado es menor al ciento por ciento.
Entre tanto, Rafael García, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, planteó que en el texto de la reforma a la Ley de Seguridad Social de esta institución se considere la posibilidad de la reinserción laboral en el sector privado, ya que el Estado no cumple con ninguna erogación económica respecto a remuneraciones”.
Además propuso que las reformas exceptúen no solamente a quienes tienen una pensión jubilar hasta 218 dólares sino hasta 500 dólares.
El Oficial de la Policía, sugirió que mediante una Disposición General se precise claramente que “cuando el retirado deja de trabajar recupera la contribución estatal del 60% para completar su pensión”.
De la institución policial se han retirado 9 973 efectivos. De ellos, 4961 reciben prensiones entre 219 y 500 dólares; 4.505, reciben entre 501 y 1000 dólares. El resto recibe una mayor cantidad, hasta 2 600 dólares.
Por último, Betty Amores, presidenta de la Comisión aclaró que las reformas no pretenden afectar el derecho al trabajo que tienen los ciudadanos. Hay que considerar que la jubilación es un concepto que se aplica para quien no labora y necesita de la pensión para descansar y no para la persona que “vuelve a ser un afiliado activo”, porque “ahí termina la condición jurídica de jubilado”, argumentó.
Por lo tanto no se afecta ni se prohíbe el trabajo, tampoco se elimina totalmente la pensión jubilar, solamente deja de existir el aporte del Estado, y no se elimina para todos, sino para aquellos que reciben como pensión más de una remuneración básica unificada, reiteró.
El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Fabián Varela, mencionó que está de acuerdo que las reformas del proyecto urgente se aplique cuando los militares jubilados se integran a instituciones del sector público, pero de ninguna manera cuando consiguen su trabajo en el sector privado.
Sin embargo, los representantes de la Fuerzas Armadas, subrayaron que las reformas atentarían contra el artículo 11, numeral 6 de la Constitución, considerando que las pensiones jubilares constituyen derechos inalienables y irrenunciables.
Informó que actualmente existen 22.136 militares pensionistas, de ello 15.729 tienen entre 41 y 65 años de edad, a la vez que señaló que del total de pensionistas el 88% es personal de tropa, que son ciudadanos potencialmente productivos.
Añadió que en América Latina en El Salvador, Bolivia y Ecuador, el aporte por parte del Estado es menor al ciento por ciento.
Entre tanto, Rafael García, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, planteó que en el texto de la reforma a la Ley de Seguridad Social de esta institución se considere la posibilidad de la reinserción laboral en el sector privado, ya que el Estado no cumple con ninguna erogación económica respecto a remuneraciones”.
Además propuso que las reformas exceptúen no solamente a quienes tienen una pensión jubilar hasta 218 dólares sino hasta 500 dólares.
El Oficial de la Policía, sugirió que mediante una Disposición General se precise claramente que “cuando el retirado deja de trabajar recupera la contribución estatal del 60% para completar su pensión”.
De la institución policial se han retirado 9 973 efectivos. De ellos, 4961 reciben prensiones entre 219 y 500 dólares; 4.505, reciben entre 501 y 1000 dólares. El resto recibe una mayor cantidad, hasta 2 600 dólares.
Por último, Betty Amores, presidenta de la Comisión aclaró que las reformas no pretenden afectar el derecho al trabajo que tienen los ciudadanos. Hay que considerar que la jubilación es un concepto que se aplica para quien no labora y necesita de la pensión para descansar y no para la persona que “vuelve a ser un afiliado activo”, porque “ahí termina la condición jurídica de jubilado”, argumentó.
Por lo tanto no se afecta ni se prohíbe el trabajo, tampoco se elimina totalmente la pensión jubilar, solamente deja de existir el aporte del Estado, y no se elimina para todos, sino para aquellos que reciben como pensión más de una remuneración básica unificada, reiteró.
