AFP. 20-02-2009. Ecuador expresó el jueves su rechazo a la decisión del Europarlamento de aplicar sanciones penales a los empleadores de inmigrantes ilegales, una medida que busca sumar a las empresas y los particulares a la lucha contra los flujos migratorios clandestinos en la UE.
El Ejecutivo "considera que esta normativa tendrá un impacto negativo en las personas migrantes, ya que al tener los empresarios mayores riesgos en su contratación se deteriorarán las condiciones de trabajo y serán víctimas de una mayor explotación", señaló la cancillería en un comunicado.
Señaló que la directiva pretende incentivar el regreso de los emigrantes en situación irregular mediante la eliminación de toda posibilidad de conseguir empleo. "Se atenta, de esta manera, contra el derecho al trabajo", apuntó la cartera.
Quito sostuvo que debido a la crisis financiera mundial "que afecta también a los países en desarrollo, es más probable que las personas migrantes permanezcan en los países europeos, siendo objeto de mayor marginación y explotación".
Anotó que la Unión de Países Suramericanos y el Grupo de Río también manifestaron su preocupación por la directiva europea.
La iniciativa, que entrará en vigencia en 2011, fue aprobada en sesión plenaria del Parlamento Europeo en Bruselas por 552 votos a favor, 105 en contra y 34 abstenciones.
Hasta el momento, sólo 19 de los 27 países de la Unión Europea (UE) aplican sanciones penales y las multas son muy variables.
Entre 4,5 y 8 millones de clandestinos trabajan en la UE. Los sectores con más trabajadores ilegales son la construcción, la hotelería y la agricultura, según la Eurocámara.
El Ejecutivo "considera que esta normativa tendrá un impacto negativo en las personas migrantes, ya que al tener los empresarios mayores riesgos en su contratación se deteriorarán las condiciones de trabajo y serán víctimas de una mayor explotación", señaló la cancillería en un comunicado.
Señaló que la directiva pretende incentivar el regreso de los emigrantes en situación irregular mediante la eliminación de toda posibilidad de conseguir empleo. "Se atenta, de esta manera, contra el derecho al trabajo", apuntó la cartera.
Quito sostuvo que debido a la crisis financiera mundial "que afecta también a los países en desarrollo, es más probable que las personas migrantes permanezcan en los países europeos, siendo objeto de mayor marginación y explotación".
Anotó que la Unión de Países Suramericanos y el Grupo de Río también manifestaron su preocupación por la directiva europea.
La iniciativa, que entrará en vigencia en 2011, fue aprobada en sesión plenaria del Parlamento Europeo en Bruselas por 552 votos a favor, 105 en contra y 34 abstenciones.
Hasta el momento, sólo 19 de los 27 países de la Unión Europea (UE) aplican sanciones penales y las multas son muy variables.
Entre 4,5 y 8 millones de clandestinos trabajan en la UE. Los sectores con más trabajadores ilegales son la construcción, la hotelería y la agricultura, según la Eurocámara.
