martes, 18 de enero de 2011

Diego Carrión asume oficialmente el cargol de Procurador General del Estado

El Pleno de la Asamblea Nacional, posesionó hoy a Diego García como Procurador General del Estado. El presidente del Legislativo, Fernando Cordero, tomó el juramento de rigor al funcionario, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 120, numeral 11 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene entre sus atribuciones posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

García, quien ocupa el cargo desde abril el 23 de 2008, fue ratificado el pasado 13 de enero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), o también llamado "Quinto Poder" como Procurador.

Diego García figuraba como el primero de una terna de candidatos a ocupar el puesto sugerida por el Gobierno, aunque también fue uno de los que acumuló el mayor número de impugnaciones durante el proceso de calificación por parte del Cpccs.

Entre sus prioridades, están los casos Occidental y Chevron Texaco, por los cuales el Estado afronta demandas internacionales, particularmente en le CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Este centro se creó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados que entró en vigor en 1966. Entre sus funciones se establece que el Centro facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de Otros Estados Contratantes, a un procedimiento de conciliación y arbitraje.

Justamente en este Organismo el Estado ecuatoriano perdió un juicio contra texaco, el 30 de marzo del 2010, por el cual fue obligado a pagar 698 millones de dolares. García recibió una serie de impugnaciones de diferentes sectores, incluso del legislador de Orellana, Thomás Cevallos, por el caso texaco, quien lo acusa a Garcia del delito de peculado, pues el procurador habría pagado 35 millones de dólares a un consorcio de abogados en el exterior para defender al Estado, sin resultados. Además de emitir bonos del estado perjudicando los interese del estado.