Carlos Ramírez Romero fue elegido ayer como el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el período de transición de la institución.Tras una elección realizada en la sesión del pleno, el juez obtuvo 13 votos de sus compañeros, luego de un segundo sistema para conseguir dos finalistas.
Entre los candidatos para esta designación, Rubén Darío Bravo y Hernán Ulloa empataron en el primer proceso con seis votos cada uno y Ramírez consiguió nueve.
En la segunda elección para desempatar, Ulloa obtuvo siete aprobaciones y, posteriormente, se eligió a Ramírez por mayoría de votos, pese a tener uno en blanco.
La designación de Ramírez está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que el segundo miércoles de enero se debe cumplir con esta disposición.
El nuevo titular ingresó a la entonces Corte Suprema de Justicia, el 30 de noviembre de 2005 en calidad de magistrado. Destacó una defensa a la labor de los jueces nacionales, pero exigió una contribución para que mejore la administración de justicia, que actualmente es cuestionada por el Ejecutivo.
Por lo cual anunció que se fortalecerán los vínculos de esta entidad con los jueces de las cortes provinciales.
El nuevo titular electo resaltó que “se mantendrán con absoluta independencia en el ámbito jurisdiccional, pero relacionados con los demás entes de justicia”, refirió.
Los jueces agradecieron la labor realizada por el presidente saliente, José Vicente Troya, quien entregó su cargo para integrar el Tribunal Andino de Justicia, organismo jurisdiccional de la Comunidad Andina, con sede en la capital. Por lo cual propusieron entregar un reconocimiento a Troya, que fue aprobado por unanimidad.
Troya inició su período como presidente a finales de 2008, luego de una reestructuración. La actual Constitución redujo de 31 a 21 los jueces de este ente y le restó funciones, como administrador del sistema judicial.
Ante el anuncio del jefe de Estado, Rafael Correa, de reestructurar las cortes de justicia tras una convocatoria a una consulta popular, varios jueces coincidieron y otros no en esta propuesta.
Ulloa, presidente de la Primera Sala Penal del organismo, afirmó que se trataría de un plan para “conspirar” contra la independencia y autonomía. “Al parecer, se quiere meter mano en la justicia ecuatoriana”, infirió.
En cambio, Rubén Darío Bravo, presidente subrogante de la CNJ, dijo que está de acuerdo con la reestructuración integral de la Función Judicial (FJ), pero luego de un estudio “profundo”. “Todos los jueces debemos aportar con sugerencias para que la justicia se modernice”, destacó.
El proceso de reestructuración de la FJ contempla la conformación de una Comisión Tripartita, entre ellos, delegados de la Asamblea, Ejecutivo y del Poder Judicial.
Uno de los miembros del Tribunal de Justicia, Alonso Flores, dijo que la ciudadanía lo aprobará en ese proceso si lo cree conveniente, pero que está de acuerdo de que el Consejo de la Judicatura designe a la Corte de Justicia para que la próxima elección exista una regulación y los jueces no estén supeditados a las quejas.
