En la sesión de hoy, el bloque de Pachacutik, presentará un proyecto de resolución para que la Asamblea prohíba explotar petróleo y realizar cualquier actividad a fines en zonas habitadas por indígenas en aislamiento
Magali Orellana, asambleísta del movimiento indígena Pachakutik por la provincia de Orellana, informó que esta mañana, en la sesión del Pleno de la Asamblea, su bloque propondrá que se incluya en el orden del día, la aprobación de un proyecto de resolución para que el Legislativo impida que el Ejecutivo apruebe todo tipo de exploración y explotación de recursos no renobables en zonas intangibles, llamadas así, por la presencia de Pueblos Indígenas Aislados.
"El presidente (Rafael Correa), no está facultado para tomar decisiones unilaterales en cuanto a la explotación de ningún sector estratégico, sobre todo en áreas protegidas, así lo manda el artículo 407 de la Constitución. Para hacerlo necesita una declaratoria previa de la Asamblea". Orellana explica que el proyecto de resolución busca que la Asamblea declare de interés nacional la preservación de la biodiversidad, pero sobre todo el derecho a la vida de los PIA. "Si los presidentes de la Asamblea y de la República no declaran la preservación serán responsables de genocidio, y eso según las reformas al Código Penal está tipificado como delito de lesa humanidad, que es imprescriptible", advirtió la legisladora. Añadió que varios bloques legislativos aseguraron sus votos en favor del mencionado proyecto de resolución, aunque declinó dar sus nombres y esperar a que el respaldo ofrecido se concrete. "No quisiera adelantar detalles, pero he recibido llamadas de varios movimientos y partidos de salir asegurando su apoyo a nuestra propuesta, vamos a ver si lo cumplen", señaló.
La legisladora aseguró que han recibido información que prueba el inicio de actividades en la zona del Armadillo. "Los pueblos no contactados no pueden continuar en esa indefensión, hay que hacer algo, no nos quedaremos con los brazos cruzados", enfatizó. De otro lado, el ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera, dijo a HOY que en 2008, él presentó un informe en el que alertó sobre irregularidades, desde la declaración del campo Armadillo como marginal, debido a la existencia de un primer informe negativo y un segundo positivo, por parte de la Procuraduría del Estado. Vera también aseguró que la empresa Ecuavital, parte del consorcio Gran Colombia, adjudicatario del campo, habría sido beneficiada de millonarios pagos injustificados por trabajos de remediación ambiental.
Constitución
Artículo 407: "Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular".
Al amparo de este artículo PK y otras agrupaciones ambientalistas y sociales preparan además un pedido para que la Asamblea declare inconstitucional todo lo actuado por el Gobierno sobre los planes A y B para el bloque ITT.
Magali Orellana, asambleísta del movimiento indígena Pachakutik por la provincia de Orellana, informó que esta mañana, en la sesión del Pleno de la Asamblea, su bloque propondrá que se incluya en el orden del día, la aprobación de un proyecto de resolución para que el Legislativo impida que el Ejecutivo apruebe todo tipo de exploración y explotación de recursos no renobables en zonas intangibles, llamadas así, por la presencia de Pueblos Indígenas Aislados.
"El presidente (Rafael Correa), no está facultado para tomar decisiones unilaterales en cuanto a la explotación de ningún sector estratégico, sobre todo en áreas protegidas, así lo manda el artículo 407 de la Constitución. Para hacerlo necesita una declaratoria previa de la Asamblea". Orellana explica que el proyecto de resolución busca que la Asamblea declare de interés nacional la preservación de la biodiversidad, pero sobre todo el derecho a la vida de los PIA. "Si los presidentes de la Asamblea y de la República no declaran la preservación serán responsables de genocidio, y eso según las reformas al Código Penal está tipificado como delito de lesa humanidad, que es imprescriptible", advirtió la legisladora. Añadió que varios bloques legislativos aseguraron sus votos en favor del mencionado proyecto de resolución, aunque declinó dar sus nombres y esperar a que el respaldo ofrecido se concrete. "No quisiera adelantar detalles, pero he recibido llamadas de varios movimientos y partidos de salir asegurando su apoyo a nuestra propuesta, vamos a ver si lo cumplen", señaló.
La legisladora aseguró que han recibido información que prueba el inicio de actividades en la zona del Armadillo. "Los pueblos no contactados no pueden continuar en esa indefensión, hay que hacer algo, no nos quedaremos con los brazos cruzados", enfatizó. De otro lado, el ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera, dijo a HOY que en 2008, él presentó un informe en el que alertó sobre irregularidades, desde la declaración del campo Armadillo como marginal, debido a la existencia de un primer informe negativo y un segundo positivo, por parte de la Procuraduría del Estado. Vera también aseguró que la empresa Ecuavital, parte del consorcio Gran Colombia, adjudicatario del campo, habría sido beneficiada de millonarios pagos injustificados por trabajos de remediación ambiental.
Constitución
Artículo 407: "Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular".
Al amparo de este artículo PK y otras agrupaciones ambientalistas y sociales preparan además un pedido para que la Asamblea declare inconstitucional todo lo actuado por el Gobierno sobre los planes A y B para el bloque ITT.
